El Estado colombiano deberá pagar algo más de un millón de euros, al no proteger a las víctimas, asesinadas por las AUC
BOGOTÁ, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Colombia ha anunciado que acata con respeto un fallo del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) que lo condena a pagar 3.400 millones de pesos (algo más de un millón de euros) "por omisión" en la matanza de 19 campesinos por paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre 1996 y 1997.
Según informó la emisora RCN, el Ejecutivo colombiano respondió así al fallo del Tribunal, que condenó al Estado por no tomar medidas necesarias para evitar estas masacres, que tuvieron lugar en el municipio de Ituango, en el departamento de Antioquia.
"El Estado colombiano recuerda con profundo dolor las masacres de El Aro y la Granja en Ituango, Antioquia, así como todos los padecimientos de desplazados, secuestrados y personas afectadas en cualquiera de sus derechos", expresó un comunicado de la Presidencia de la República.
Los asesinatos fueron ejecutados por paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, grupo que desarrolla negociaciones de paz con el Gobierno desde 2003 y que está ya prácticamente disuelto tras la desmovilización de más de 30.000 combatientes, indicó la emisora colombiana.
Según la sentencia, a la que tuvieron acceso medios colombianos, el Tribunal Interamericano ordenó al Estado de Colombia a indemnizar a los familiares de las víctimas con algo más de un millón de dólares, hacer un desagravio público y resolver los problemas de vivienda de los desplazados de esa región.
El Tribunal Interamericano precisó que aunque estos crímenes fueron cometidos por las AUC, el Estado es responsable por desproteger a los campesinos de estos ataques.
"Todas las instituciones se encuentran comprometidas en lograr el imperio del Estado de Derecho en todo el territorio para evitar que hechos como estos se repitan", expresa el comunicado de la Presidencia, y agrega que Colombia "honrará sus obligaciones internacionales y acatará con respeto la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos".
Así mismo, confió en que la desmovilización de paramilitares y la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, promulgada el año pasado, "contribuya al total esclarecimiento de las responsabilidades en estos hechos y a su no repetición".
Mientras tanto, el vicepresidente del país, Francisco Santos, recordó que durante los años en que tuvieron lugar los trágicos hechos, la fuerza pública se encontraba debilitada, mientras la guerrilla y las AUC aumentaban su fuerza bélica. "Lo importante es que la fuerza pública está actuando ante la violación de los Derechos Humanos que cometen esos grupos", sostuvo.