BOGOTÁ, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Juan Manuel Santos ha ofrecido todas las garantías necesarias para que se lleven a cabo los operativos humanitarios en los que podrían ser liberados próximamente seis uniformados secuestrados hace más de diez años por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Santos ha nombrado como único portavoz del Gobierno en este proceso al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien ha hecho un llamamiento a las FARC para que no dilaten más este proceso y los uniformados puedan regresar pronto a sus casas con sus familias.
"Nosotros francamente esperamos que esta liberación sea cierta y que se dé lo antes posible", ha señalado Pinzón en sus primeras declaraciones a los medios tras ser designado representante del Ejecutivo en los operativos humanitarios.
"El Gobierno siempre está dispuesto a hacer todo lo necesario para lograr esas liberaciones y en particular para que estas personas secuestradas puedan volver cuanto antes al seno de su familia", ha insistido.
Pinzón no ha precisado si ya comenzaron formalmente a preparar el operativo que encabezará la exsenadora Piedad Córdoba --portavoz de la organización Colombianos y Colombianas por la Paz-- junto a un grupo de mujeres que cuentan con el visto bueno de los líderes guerrilleros.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) se ha ofrecido nuevamente a colaborar en este proceso. Se desconoce si el Gobierno de Brasil a cargo de Dilma Rousseff prestará ayuda técnica a Colombia, tal y como lo hizo su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, en diversos operativos realizados años anteriores que permitieron la liberación de 14 rehenes.
Las FARC anunciaron el martes la liberación de seis uniformados, pero sólo han revelado el nombre de tres de ellos: los subintendentes de la Policía Jorge Trujillo Solarte y Jorge Humberto Romero, y el cabo primero José Libardo Forero, secuestrados en julio de 1999. Los otros nombres serán divulgados "en breve", informó el grupo armado en un comunicado.
La guerrilla tiene en su poder a once policías y militares que pretenden intercambiar en un eventual canje humanitario de rehenes y rebeldes presos, propuesta que ha sido rechazada tanto por el actual gobierno como por los mandatarios anteriores.