MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -
Human Rights Watch (HRW) ha denunciado que el acuerdo sobre justicia transicional al que han llegado el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) permitirá que los responsables de crímenes internacionales queden sin "castigo".
"El 'Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto' garantizará que los responsables de atrocidades de ambas partes en el conflicto armado eludan cualquier tipo de castigo genuino", ha dicho la ONG en un informe de 63 páginas publicado este martes.
El pacto, anunciado el pasado 15 de diciembre, crea una Jurisdicción Especial para la Paz a la que se someterán los responsables de los crímenes cometidos durante la guerra interna, tanto insurgentes como uniformados.
La justicia transicional establece un sistema de tres escalones que contempla desde la libertad vigilada hasta 20 años de cárcel, aplicando las penas en función de la verdad objetiva y de la reparación a las víctimas que aporten los acusados.
"El acuerdo contiene numerosas alusiones a la justicia, sin embargo, un análisis minucioso del texto revela numerosas ambigüedades, omisiones y lagunas que convierten a tales referencias, en el mejor de los casos, en promesas vacías", ha dicho el director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco.
Por ejemplo, la ONG ha señalado que "los responsables de delitos de lesa humanidad y graves crímenes de guerra que cooperen con el nuevo sistema judicial recibirían una pena máxima de ocho años en 'condiciones especiales' que supondrían la 'restricción efectiva de la libertad'".
"'En ningún caso' estas condiciones consistirán en 'cárcel o prisión' ni en 'medidas de aseguramiento equivalentes', y limita todas las restricciones a la libertad a aquellas que sean 'necesarias' para ejecutar proyectos de 'reparación y restauración'", ha criticado.
LA AMENAZA DEL TPI
Vivanco ha recordado que hasta ahora "ningún tribunal internacional ha permitido que aquellos que han sido condenados por crímenes de guerra puedan evitar la prisión por crímenes tan graves" y "este acuerdo va más allá y garantiza que no enfrentarán un castigo remotamente serio".
Por ello, ha hecho un llamamiento al Tribunal Penal Internacional (TPI) y a la Corte Constitucional de Colombia a que "examinen cuidadosamente este acuerdo para asegurar que las víctimas reciban la justicia que verdaderamente merecen".
El proceso de paz en Colombia es el primero que se desarrolla con el Estatuto de Roma vigente, lo cual supone que, si el TPI considera que los acuerdos con las FARC dejan impunes los crímenes internacionales, podrá juzgarlos subsidiariamente.
La Fiscalía del TPI ya advirtió en 2014 a las autoridades colombianas de que "una condena que fuera manifiestamente inadecuada a la luz de la gravedad de los crímenes y de la forma de participación de la persona acusada, viciaría el carácter genuino del procedimiento nacional".