Actualizado 28/12/2006 00:02

Colombia.- Indagan al gobernador del departamento de Magdalena en Colombia, por presuntos vínculos con los paramilitares


BOGOTÁ, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ante un fiscal delegado por la Corte Suprema de Justicia de Colombia, el gobernador de Magdalena, Trino Luna, declaró hoy por presuntos vínculos con grupos paramilitares, informó hoy la Fiscalía General de dicho país.

Luna fue elegido gobernador sin oposición, en medio de denuncias sobre que grupos paramilitares impidieron las candidaturas de otros candidatos en los departamentos del Magdalena, Cesar y Guajira.

Al parecer Trino Luna Correa se habría presentó como candidato único a la Gobernación del Magdalena, en octubre de 2003 puesto que los paramilitares habrían presionado a los otros candidatos para que se retiraran.

Igual situación habría ocurrido en las elecciones para la Gobernación del César, donde también hubo candidato único, Hernando Molina Aráujo.

El Fiscal General de Colombia, Mario Iguarán anunció a comienzos de diciembre que el gobernador estaba siendo investigado ya que fue fotografiado junto a un jefe paramilitar en una ceremonia oficial.

La decisión fue adoptada después de que el nombre del Gobernador apareciera en varias oportunidades en el ordenador del jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, más conocido como 'Jorge 40'. El aparato le fue decomisado a Édgar Ignacio Fierro Flórez (alias 'Don Antonio'), lugarteniente de 'Jorge 40', en marzo de este año. "Tengo a Trino por la otra línea y él me dice que hace lo que el Viejo diga", le dice alias 'Don Antonio' a su interlocutor, según el ordenador de 'Alias 40', según informa el diario colombiano 'El Espectador'.

El ordenador fue decomisado por la Fiscalía y de él se obtuvo una valiosa información que desencadenó una crisis porque los acusados son estrechos aliados políticos del presidente Álvaro Uribe.

El gobernador es aliado de los congresistas Jorge Luis Caballero, Luis Eduardo Vives y Alfonso Campo, que son algunos de los legisladores que están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia en el proceso que paralelamente adelanta para aclarar si ciertamente tienen vínculos con estas organizaciones de extrema derecha.

Tres senadores están encarcelados por la Corte acusados de financiar, respaldar o pertenecer a grupos paramilitares. También las investigaciones apuntan a uno de ellos por haber participado presuntamente en asesinatos masivos o selectivos. El futuro judicial de otra media docena de parlamentarios se aclarará en enero.

La situación de los acusados podría agravarse si los ex comandantes paramilitares que se desmovilizaron confiesan esas alianzas en las declaraciones que comenzaron a entregar ante la Fiscalía para ser favorecidos por una ley que les garantiza penas máximas de ocho años de prisión si colaboran plenamente en aclarar los crímenes que cometieron en el curso de su campaña de guerra sucia.

Salvatore Mancuso, uno de los prominentes ex jefes del paramilitarismo, compareció la semana pasada ante la Fiscalía durante dos días para rendir su testimonio.

Mancuso no dio grandes detalles sobre el origen de los paramilitares como fuerza para luchar contra la guerrilla pero se ofreció decir la verdad de la participación de dirigentes políticos, funcionarios gubernamentales y empresarios en un proyecto para dominar amplias zonas del país. Las investigaciones comenzarán de nuevo a partir del 16 de enero, cuando se reanude la actividad judicial.