BOGOTÁ, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -
Unos 300 indígenas del municipio de Toribío, en el departamento del Cauca (suroeste), que integran la denominada Guardia Indígena, han desmantelado campamentos guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), han obligado a algunos insurgentes a abandonar el territorio y han destruido trincheras de la Policía en el casco urbano, tras días de combates y ataques contra la población, que dejaron varios heridos y unos 600 desplazados.
El consejero mayor indígena, James Yatacué, ha informado al diario 'El Colombiano' que los aborígenes se adentraron en las montañas, han increpado a los guerrilleros por la violencia y les han exigido que se retiren de sus espacios "sagrados".
Asimismo, el portavoz de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Feliciano Valencia, ha indicado que la aspiración es "desmilitarizar el territorio por la vía de hecho porque ni la Policía ni las FARC son capaces de garantizar la paz".
Ante esta situación, el presidente Juan Manuel Santos ha decidido celebrar este miércoles su Consejo de Ministros en Toribío, para adoptar medidas ante la situación. Los indígenas le entregarán un pliego de demandas, que incluyen la retirada del Ejército y la atención a los daños ocasionados por la guerra, ha indicado el alcalde de Toribío, Esequiel Vitonás, a la cadena Telesur.
El secretario de Gobierno de Toribío, Miller Correa, ha indicado que durante más de 20 años, en la zona se produjeron 14 tomas guerrilleras, cinco destrucciones totales y 610 hostigamientos. Todo esto "colmó la paciencia de esta comunidad victimizada por los actores del conflicto y olvidada por el Estado, y generó esta resistencia civil", ha expresado.
Por su parte, el gobernador del Cauca, Temístocles Ortega, ha destacado que la zona requiere "una mayor acción y efectividad de la fuerza pública e inversión social que gane la confianza de las comunidades".
Según el diario 'El Colombiano', el Cauca es el departamento más afectado por una oleada de ataques contra los cuerpos de seguridad, que han incluido también las zonas de Antioquia, Casanare, Putumayo, Arauca y Norte de Santander, y que han generado críticas al Gobierno por el manejo de la seguridad y la efectividad de la estrategia militar.
El informe semestral del Centro de Seguridad y Democracia de la Universidad Sergio Arboleda, cuya sede está en Bogotá, indica que los ataques contra la Fuerza Pública este año duplican los ocurridos en 2008, con un total de 164 en los primeros seis meses de 2012.
El documento advierte de una mayor presencia subversiva luego de años de repliegue y pérdida de control territorial. "La presencia violenta de las FARC se ha expandido a 50 municipios a donde la guerrilla regresó luego de ser expulsada", agrega.