BOGOTÁ, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía colombiana investiga actualmente un total de 1.015 ejecuciones extrajudiciales, además de mantener 600 procesos abiertos en desde 1999 en los que hay implicados 685 miembros del Ejército, 36 de la Policía y cuatro del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por lo que no se descarta una intervención del Tribunal Penal Internacional (TPI).
Estas cifras fueron dadas a conocer por fuentes judiciales a diversos medios locales, tras las destitución ayer de 27 militares presuntamente implicados en la muerte de 11 jóvenes cuyos cuerpos fueron hallados en el departamento de Santander (noreste del país).
Haciendo un balance por rango, la mayor parte de los acusados son soldados con un total de 480 efectivos, seguidos de los oficiales del Ejército con 148. En estos casos también hay implicados 19 suboficiales de la Policía, siete oficiales y 10 agentes del mismo cuerpo.
La mayor incidencia de casos por muertes extrajudiciales está en el departamento de Antioquia (norte del país), con un total de 155 casos. En las guarniciones de esta región estaban gran parte de los militares destuidos ayer. Según la Fiscalía, el mes pasado 38 oficiales, suboficiales y soldados, involucrados en procesos relacionados con desapariciones forzadas y muertes extrajudiciales (o 'falsos positivos'), similares a la del caso de los 11 jóvenes de Soacha.
Por su parte, el fiscal general, Mario Iguarán, dijo a la prensa colombiana hoy que no se descartaba que el Tribunal Penal Internacional (TPI) pudiese intervenir en el caso de los asesinatos extrajudiciales, si se demuestra que se trata de una práctica común y constantes en las Fuezas Militares colombianas.
Iguarán explicó que el Gobierno colombiano "salvó su responsabilidad" ante la CPI con la decisión de suspender de sus cargos a 27 militares, entre ellos a tres generales del Ejército, por el caso de los asesinatos en Soacha.
La Fisclía anunció ayer que está investigando a 2.300 funcionarios públicos por su presunta implicación en ejecuciones extrajudiciales. El fiscal general, Edgardo Maya Villazón, dijo que se habían producido asesinatos cuya causa se desconoce, por lo que presumen que hayan podido ser cometidos por miembros de los cuerpos de seguridad o funcionarios judiciales.