El jefe del Ministerio Público colombiano denuncia también deficiencias en la protección de menores reinsertados del conflicto
BOGOTA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -
El jefe del Ministerio Público de Colombia, Edgardo José Maya Villazón, planteó la necesidad de revisar las políticas de reinserción y desmovilización ya que, a su entender, "no se está haciendo ni una apropiada devolución de tierras ni una protección efectiva a los desmovilizados". Además, señaló deficiencias en la protección de los menores reinsertados del conflicto armado.
En materia de tierras, el procurador señaló que hay un significativo retraso en su entrega, pues se tenía prevista la devolución de 250.000 hectáreas a 15.000 familias y sólo se ha logrado 58.000 hectáreas para cerca de 5.000 hogares, según declaraciones recogidas por la emisora local 'Caracol Radio'.
Por otra parte, denunció que la Dirección Nacional de Estupefacientes tiene en su poder 110.000 hectáreas de bienes expropiados a los delincuentes, de los cuales sólo se han entregado 18.000 y parte de ellas han sido cedidas a cuatro empresas como depositarias provisionales.
SIN DATOS REALES DE DESMOVILIZADOS Y VICTIMAS
En el informe el Ministerio Público se destaca también que no hay una información real "ni de desmovilizados, ni de víctimas" teniendo en cuenta que en los costes de reparación.
Según el procurador, la Contraloría informa de 8 a 12 billones de pesos (de 2.473 millones de euros a 3.709), mientras que Acción Social reporta un coste que oscila entre los 12 y los 21 billones de pesos (de entre 3.709 millones de euros a 6.492).
En cuanto a los menores desmovilizados, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) dice que sólo 212 están bajo la protección de Bienestar Familiar, es decir, menos del 1% de los cerca de 11.000 niños que se encuentran en el conflicto.
El procurador reveló además que hay una desigualdad entre las ayudas de desmovilizados y víctimas, ya que los primeros reciben una asistencia de 7,2 millones de pesos y los desplazados sólo 600.000.