BOGOTÁ, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, ha lamentado "profundamente" la decisión de Colombia de denunciar el Pacto de Bogotá, por el cual reconocía la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
El líder del bloque regional ha explicado que "el Pacto de Bogotá es uno de los instrumentos jurídicos fundamentales del organismo hemisférico, por medio del cual sus firmantes se obligan a dirimir sus controversias por la vía pacífica".
No obstante, se ha abstenido de comentar las razones que han llevado al Gobierno de Juan Manuel Santos a tomar esta decisión, ya que "la denuncia del Pacto de Bogotá es una opción de los países firmantes que está contemplada en su texto".
Si bien, ha indicado que "uno de los objetivos que ha guiado su gestión, y que subyace en las acciones de la OEA, es el de lograr que todos los países miembro se integren en los instrumentos jurídicos fundacionales", según ha informado el bloque regional en un comunicado.
Además, ha recordado que "el diálogo para solucionar por medios pacíficos las controversias entre estados es la piedra angular que todos los países miembro de la OEA deben acoger como herramienta única en la resolución de los problemas que puedan surgir entre ellos".
Insulza también ha destacado que "la institucionalidad jurídica universal, que contiene grandes valores del derecho americano, ha sido construida con múltiples aportes de todos los países americanos, que han generado instrumentos jurídicos de tanta trascendencia como el Pacto de Bogotá, y otros vinculados a los Derechos Humanos".
Por todo ello, ha instado a la comunidad hemisférica "a mantener la confianza en el acervo jurídico que los propios pueblos americanos han construido para vivir en paz entre sí durante casi un siglo, después de muchos conflictos que han dejado como lección que el único camino para la convivencia civilizada está en el derecho y en el uso de medios pacíficos".
EL FALLO DE LA CIJ
La CIJ reconoció el pasado 19 de noviembre la soberanía colombiana sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que reclamaban tanto Bogotá como Managua, y amplió la extensión de las aguas territoriales de Nicaragua hasta las 200 millas náuticas en todos los puntos de la línea limítrofe.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha considerado que la decisión del alto tribunal sobre las aguas nicaragüenses es un "error" porque aísla tres cayos del territorio continental colombiano y "desconoce varios acuerdos internacionales", lo que genera "una serie de complejidades" que afectarán a varios países caribeños.
En consecuencia, el pasado miércoles anunció que Colombia abandonará el Pacto de Bogotá, al tiempo que destacó que se trata solamente de "una de las medidas" que ha estado estudiando el equipo jurídico del Gobierno, aunque no adelantó otras nuevas.
En cambio, el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, ha calificado la decisión del alto tribunal de "victoria nacional" y, aunque ha expresado su preocupación por las palabras de Santos, ha confiado en que finalmente reconozca el fallo de la CIJ, ya que "no hay otra forma de seguir adelante".
Si no es así, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, Alba Luz Ramos Vanegas, ya ha advertido de que el país centroamericano podría acudir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para obligar a Colombia a cumplir la decisión judicial.