BOGOTÁ, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -
Las protestas en Catatumbo (Colombia), que tuvieron lugar entre el 22 y el 25 de junio y que ocasionaron la muerte de cuatro campesinos, han sido investigadas por las Naciones Unidas, que consideran que hubo "un uso excesivo de le fuerza contra los manifestantes" por parte de la Policía.
Por su parte, el Gobierno de Juan Manuel Santos ha criticado el informe. El ministro de Interior, Fernando Carrillo, ha declarado que las conclusiones de la ONU son "inoportunas e improcedentes" y ha subrayado que las investigación de la Fiscalía, solicitada por el propio Gobierno, no ha concluido todavía.
Según la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, que ha decidido tomar posición respecto a la muerte de los campesinos Leonel Jácome, Édinson Franco, Diomar Humberto Angarita y Hermides Palacios, el informe se ha realizado porque se "pudo constatar" que "en las protestas campesinas hubo disparos con fusiles de alta velocidad, usualmente de dotación de la fuerza pública".
Aunque en el texto también se señala que "hubo agresiones por parte de los manifestantes" y que en los hechos violentos que se registraron "quedaron heridos tanto manifestantes como miembros de la fuerza pública".
El Ministerio de Defensa ha explicado que es el primer " interesado" en que se aclaren las circunstancias de las muertes en Catatumbo y que por ese motivo pidió a la Fiscalía que se realice una investigación, y ha destacado que también "hubo heridas a 42 miembros de la Policía", víctimas del uso de "armas de fuego, 'tatucos', explosivos y otras armas letales".
La ONU considera que las protestas en Catatumbo, que ya duran casi 30 días por la imposibilidad de lograr acuerdos entre los campesinos y el Gobierno, son resultado de "retrasos en la creación de una zona de reserva campesina, la falta de inversión social prevista por el Plan Estratégico de Desarrollo", aparte de la falta de programas gubernamentales "para la sustitución progresiva de cultivos de uso ilícito".