BOGOTÁ, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -
La ONU ha manifestado su preocupación por el informe de la ONG estadounidense Human Rights Watch (HRW), que detalla los problemas de las personas que se acogen a la ley de víctimas en Colombia, mientras que el Gobierno colombiano ha explicado las acciones que realiza para combatir el problema.
Tras la publicación del informe de HRW, la ONU ha señalado que mientras persista el conflicto armado en Colombia, habrá más dificultades para la restitución de los campesinos despojados de sus tierras, y el coordinador del Sistema de Naciones Unidas, Fabritcio Hoschild, ha afirmado que es de suma preocupación el elevado número de amenazas en contra de las personas que reclaman.
El Ministerio de Agricultura ha respondido el informe agradeciendo, en primer lugar, el trabajo realizado por HRW entre el 2012 y el primer semestre del 2013, ya que aportaba elementos importantes para el análisis de la implementación de restitución de tierras en Colombia.
El Gobierno ha señalado que la ley de víctimas ha resuelto muchos conflictos en el tema de seguridad, y ha determinado que el Gobierno ha diseñado una estrategia específica que comprende la articulación de la Fuerza Pública, la Unidad Nacional de Protección, autoridades locales y la Unidad de Restitución de Tierras.
Por otro lado, relativo a las cifras de retorno expuestas en el informe, el Ministerio de Agricultura ha declarado que el total de sentencias hasta el momento llega a 233, que cubren 666 casos e involucran casi 15.000 hectáreas de tierras en todo el país, según la radio RCN.
De los beneficiarios de restitución, alrededor del 66 por ciento han retornado a vivir o ejercen un retorno laboral en sus predios; del 34 por ciento restante, aproximadamente el 24 por ciento está pendiente de la entrega de sus terrenos y solo un 10 por ciento no ha retornado, ha señalado el Gobierno.
HRW hizo público el martes un documento de más de 200 páginas en las que se recoge la violencia y presiones ejercidas en Colombia sobre aquellas personas que se acogieron a la ley de víctimas y restitución de tierras para volver a sus hogares, tras haber tenido que huir de la violencia que se vive en muchas zonas del país.
Los principales problemas que denuncia la organización van desde amenazas de muerte, asesinatos, nuevos desplazamientos, así como la total impunidad de los grupos paramilitares, responsables de estos delitos en la mayoría de los casos.
Tras un año y medio de trabajo y entrevistas a unas 250 personas, entre los que se encuentran personas que fueron expulsadas de sus tierras y funcionarios, la ONG ha documentado unos 17 atentados, 21 asesinatos y 80 denuncias de personas que dijeron haber sido amenazadas, al mismo tiempo que se registraban unos 30 nuevos desplazamientos forzosos de familias que buscaban que el Estado colombiano les restituyese sus tierras.