BOGOTÁ, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
Un juez colombiano prohibió publicar un informe con declaraciones de un ex alcalde sobre la injerencia de paramilitares en una recaudadora de impuestos de Barranquilla.
Diarios, partidos políticos y organismos defensores de la libertad de prensa calificaron hoy la decisión del Juez Segundo Penal de Barranquilla como una medida que atenta contra la Constitución, la cual prohíbe la censura de prensa y garantiza la libertad de expresión, informa hoy el periódico colombiano 'El Espectador'.
El director del rotativo afectado, 'El Heraldo', Gustavo Bell, anunció que este martes que apelará esa decisión al considerar que es "una flagrante violación de la libertad de prensa", aunque aceptó parar las publicaciones hasta que se produzca el fallo definitivo de la justicia.
Bell defendió el informe al explicar que sólo buscaba "contextualizar" las denuncias del antiguo alcalde de Barranquilla Bernardo Hoyos, quien asegura que la empresa recaudadora de impuestos en esa ciudad está relacionada con paramilitares.
La empresa Métodos y Sistemas, contratada por el Gobierno local para la recaudación de impuestos, presentó una acción de tutela contra el citado medio de comunicación escrita por considerar que la información divulgada viola su derecho a la honra y buen nombre. El juez segundo penal del Circuito de Barranquilla, Hernando Estrada Peña, concedió el 25 de enero una medida cautelar y ordenó al periódico cesar la publicación de noticias sobre ese tema. Esta medida fue rechazada en forma tajante por la Asociación de Diarios Colombianos (Andiarios) el viernes pasado.
El juez dijo que la publicación de este informe afecta al derecho de la empresa denunciada a "la información veraz e imparcial" y lesiona su "buen nombre".
El principal partido de la oposición, el Polo Democrático Alternativo, afirmó hoy que "la censura judicial impuesta al periódico 'El Heraldo' para tratar a fondo el tema de la parapolítica en la Empresa Métodos y Sistemas es una forma de ocultar la verdad".
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) coincidió en señalar que esa decisión constituye "una violación de la libertad de prensa y un desconocimiento de la Constitución Política de Colombia y de los tratados internacionales". La Constitución prohíbe "la imposición de controles previos, ya sea legales o de hecho, para divulgar cualquier tipo de información", según dijo la FLIP en un comunicado.
La decisión judicial se dio a conocer justo cuando el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, pidió públicamente que se diga toda la verdad sobre los vínculos de los paramilitares con políticos, diputados y funcionarios regionales para que la justicia pueda castigarlos por sus masacres, asesinatos selectivos, fraude electoral y la apropiación de dineros públicos a través de la intimidación de las armas.
La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía colombianas anunciaron hoy varias investigaciones que implicarían a diputados y funcionarios públicos por este tipo de nexos.
Por su parte, la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP), con sede en Miami, emitió hoy un comunicado en el que reclama, junto a la Asociación de Diarios Colombianos (Andiarios) contra la decisión judicial que prohibió a 'El Heraldo' de Barranquilla, publicar información sobre la supuesta trama de corrupción.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Gonzalo Marroquín, expresó indicó este martes que "si bien somos respetuosos de las decisiones judiciales, lamentamos profundamente una orden que prohíbe la publicación de informaciones y solicitamos al juez que reconsidere los alcances negativos de su resolución en cuanto que limitan el derecho de los ciudadanos a estar informados en temas de interés público".
Marroquín, quien además es el director del diario guatemalteco 'La Prensa Libre', expresó que "es innegable el derecho de todo ciudadano a acudir ante la Justicia cuando considere que alguna información lo ofende".
En referencia a la orden judicial que calificó de "censura", Marroquín agregó que también debe tenerse en cuenta que el derecho a la libertad de prensa y expresión, tal como lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13, consigna que el ejercicio de este derecho "no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores".
Por último, Marroquín consideró que el derecho del público a la información, "especialmente cuando se trata de asuntos públicos y de interés general y que afectan a la sociedad en su conjunto, sobrepasa el derecho a la protección de la honra, como ha quedado de manifiesto en la jurisprudencia interamericana".
El pasado 21 de enero El Heraldo de Barranquilla, ciudad al norte de Colombia, publicó un informe de la organización civil 'Protransparencia' sobre las presuntas relaciones de la empresa Métodos y Sistemas con grupos paramilitares. La nota también se refería al supuesto desvío de dinero público hacia los fondos de la campaña electoral del alcalde, Guillermo Hoenigsberg.