Su jefe dice que muchos están dispuestos a "volver al monte y hacerse matar" antes que someterse a penas de 40 años de cárcel
BOGOTA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
El jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Ernesto Báez, ha asegurado que el proceso de paz está en estado "agónico" y que muchos de los ex combatientes desmovilizados estarían dispuestos a "volver al monte y hacerse matar", tras conocerse el fallo de la Corte Constitucional sobre la Ley de Justicia y Paz.
"El proceso ha quedado prácticamente en estado agónico. La Ley de Justicia y Paz quedó cercenada de los instrumentos que hicieron posible que se le viera como un atractivo para la desmovilización de los combatientes", explicó el jefe paramilitar en declaraciones a la prensa local, recogidas por Europa Press.
El fallo del Constitucional establece que los paramilitares que entreguen las armas y opten por reinsetarse en la vida civil tendrán que pagar penas que oscilan entre los 30 y los 40 años porque la Ley de Justicia y Paz, promovida por el Gobierno de Alvaro Uribe, quedó "excesivamente rigurosa".
"Después de los esfuerzos del Alto Comisionado para la Paz, del ministro del Interior y del presidente Alvaro Uribe, no quisiéramos eso, pero estoy convencido de que en el pensamiento de muchos de nuestros excombatientes, que es preferible hacerse matar en el monte que someterse a penas de 40 años de cárcel", añadió Báez.
En este sentido, consideró qeu lograr la paz en Colombia es muy difícil cuando las decisiones de fondo tienen que ser sometidas a diferentes instancias y, en las condiciones actuales, las iniciativas de reconciliación en el país están "burocratizadas y sometidas a decisiones politiqueras".
Baez añadió que si el presidente Uribe pudiera decidir sin tener que acudir a distintos organismos, la paz se lograría en cuatro años. "Pero el gobierno piensa una cosa, Estados Unidos otra, la Corte Constitucional otra y el Congreso otra, lo que hace imposible que se avance positivamente en el camino de la paz", insistió.
"La regla general es que las penas que quedarán vigentes serán de 30 y 40 años. Esa ley es demasiado rigurosa, por ello será un acto providencial que haya siquiera un privilegiado que cumpla con los requisitos para hacerse merecedor de la pena alternativa", sentenció el jefe paramilitar.