BOGOTÁ, 18 May. (EUROPA PRESS) -
El procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, ha asegurado que las sentencias que inhabilitan durante 32 años a la senadora Piedad Córdoba para ejercer cualquier cargo público se ajustan a derecho y ha negado que tenga una "obsesión" con la política.
Córdoba fue destituida de su cargo de senadora en 2010 e inhabilitada durante 18 años por sus relaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Esta semana, la exsenadora fue condenada a otra pena de 14 años de inhabilitación por la donación de fondos para la campaña de Ricardo Antonio Montenegro Vásquez, uno de sus asesores que se presentaba a las elecciones parlamentarias de 2010.
Según la sentencia, la exsenadora dio 25 millones de pesos (unos 10.800 euros) a través de transacciones financieras desde Venezuela utilizando diversos intermediarios cuando ejercía su cargo como senadora. La ley colombiana prohíbe que un cargo electo done dinero para la campaña de otro político, aunque Córdoba ha asegurado que se limitó a facilitar los fondos para Montenegro.
Ordóñez ha asegurado en una entrevista con el periódico 'El Espectador' publicada este viernes que Córdoba no ha sido la única política condenada durante su administración, ya que otros cargos electos de diferentes partidos han sido condenados por su relación con grupos paramilitares y guerrilleros.
"Ningún ciudadano colombiano puede estar sustraído de la ley frente a los ordenamientos jurídicos, tienen deberes y prohibiciones. Nadie tiene este fuero", ha afirmado Ordóñez.
El procurador ha justificado la nueva sentencia contra Córdoba asegurando que él no la inició. "Yo solamente actué conforme a una denuncia presentada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre irregularidades", ha añadido.