Actualizado 20/03/2009 03:43

Colombia.- La Procuraduría abre una investigación contra el alcalde de Bogotá por sus vínculos con la empresa DMG

BOGOTÁ, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El procurador general colombiano, Alejandro Ordoñez, ordenó ayer abrir una investigación preliminar contra el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas por sus presuntos vínculos con la mayor empresa piramidal del país, DMG.

Según fuentes gubernamentales, la investigación comenzó a raíz de varias informaciones que relatan las presuntas reuniones entre el alcalde y David Murcia Guzman. Al parecer el cerebro de DMG también se reunió con la madre del alcalde, María Eugenia Rojas.

La Procuraduría indicó que va a iniciar un periodo de verificación de toda la información que se ha conocido hasta el momento para determinar si abre una investigación formal o si se abstiene de ello, según informaciones de medios locales recogidas por Europa Press.

El presidente colombiano, Álvaro Uribe, afirma por su parte que no autorizó a nadie para que apoyase las campañas locales. La Casa de Nariño emitió un comunicado en el cual expresa que "el presidente de la República no autorizó a nadie para que en su nombre se dieran supuestos apoyos en las pasadas elecciones locales".

De esta manera, el mandatario colombiano respondió a quienes aseguran que un grupo de personas que se hacía llamar 'Uribistas con Samuel' gestionaron las reuniones entre miembros de la campaña del Alcalde e integrantes de la empresa DMG.

Por otro lado, el procurador le envió una carta al fiscal general de la nación, Mario Iguarán, para que no desista en su empeño por concretar la extradición de Joanne Ivette, mujer de Guzmán, a pesar de que ayer fue dejada en libertad por las autoridades uruguayas.

En el documento, Ordóñez le pide a Iguarán en que insista en asegurar la comparecencia de la mujer de Murcia en el país, y cita los convenios firmados con Uruguay. Según el procurador, el país iberoamericano estaría vulnerando las convenciones de Viena (1998) y Palermo (2000), en las que se contempla que el blanqueo de dinero puede provenir de actividades ilícitas, no solamente de narcotráfico.