BOGOTÁ, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Procuraduría General de Colombia presentó este lunes una denuncia contra el secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, los ex directores del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Jorge Noguera, Andrés Peñate y María del Pilar Hurtado, y contra el ex director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Mario Aranguren, por permitir la intervención de las comunicaciones telefónicas y de los correos electrónicos de altos cargos públicos sin una orden judicial e intercambiar información privilegiada a título personal.
Las acusaciones de la Procuraduría ses sustentan en diversas reuniones a las que acudieron los acusados y otros miembros de sus organismos para solicitar información de carácter reservado o acceder a ella a través de las escuchas ilegales de las comunicaciones privadas, tanto vía telefónica como digital, sin que previamente exixstiera orden judicial alguna como suele exigirse en estos cados, un escándalo que pasó a conocerse en el país como 'las chuzadas'.
En lo que se refiere al secretario de la Presidencia, los cargos que se le imputan están relacionados con una reunión, que se celebró el pasado 24 de abril, en la que Moreno se entrevistó con diversos funcionarios del DAS y de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), dependiente del Ministerio de Hacienda, para solicitar información sensible que le fue suministrada sin problemas por Aranguren, entonces director de este último organismo.
En consecuencia, el organismo público denunció a Aranguren por facilitar información reservada a personas no autorizadas sobre el denominado 'Caso Paseo', donde se investigan regalías a un magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
En relación con Noguera, el pliego de la Procuraduría General hace referencia a sus siete años de gestión al frente de la Central de Inteligencia colombiana en la que el funcionario ordenó la intervención de las conservaciones telefónicas y electrónicas de periodistas, activistas políticas y varias ONG.
En la misma línea, el Ministerio Público acusa a Hurtado de ordenar a funcionarios del DAS el seguimietno de diversas personas, entre ellas, magistrados de la Corte Suprema, por lo que habría incurrido en un delito contra la intimidad.
Asimismo, la Procuraduría General señala que Peñate rehusó poner en conocimiento de las autoridades las aparentes irregularidades cometidad por trabajadores a su cargo en la ejecución de las órdenes dadas desde la Central de Inteligencia.
En esta denuncia, el ente público ordenó investigar también al asesor del DAS José Miguel Narváez, al subdirector de operaciones de Inteligencia, Carlos Arzayuz, al director del área de Inteligencia, Fernando Alonso Tabares, y al subdirector de Contrainteligencia del DAS, Jorge Alberto Lagos.