BOGOTÁ, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Senado colombiano rechazó este martes la moción de censura presentada por la oposición contra el ministro de Agricultura, Andrés Fernández, acusado de entregar millones de pesos en subsidios agrícolas a personas y empresas afines al Gobierno, parte de cuyos fondos sirvieron para financiar presuntamente la campaña de recogida de firmas para modificar la Constitución con el objetivo de permitir la reelección del presidente Álvaro Uribe.
La moción fue rechazada por 41 votos en contra, 30 a favor y cinco abstenciones. Hubiera sido necesario el apoyo de 52 de un total de 102 senadores para aprobar la moción cuyo objetivo perseguía tramitar la sustitución de Fernández.
Tanto Fernández como su predecesor en el cargo y actual precandidato a las elecciones presidenciales de 2010 por el Partido Convervador, Andrés Felipe Arias, están acusados de desviar millones de fondos estatales del programa Agro Ingreso Seguro, destinado a favorecer a los campesinos de bajos recursos.
El ministro Fernández confirmó tras la votación en el Senado que no tiene ninguna intención de renunciar, aunque la Cámara de Diputados todavía tiene que pronunciarse al respecto. "Ahora si que menos voy a renunciar", aseguró, en declaraciones a la prensa, difundidas por el diario 'El Tiempo'.
Los partidos de la oposición Liberal y Polo Democrático han denunciado que parte de esos subsidios fueron a parar en realidad a personas que han financiado las campañas electorales de Uribe, así como la campaña para recoger firmas de la ciudadanía para avalar su posible segunda reelección.
Por otra parte, la Imprenta Nacional confirmó al Tribunal Constitucional que el decreto por el que se convocó las sesiones extraordinarias del Congreso --en las que se aprobó el proyecto de ley para celebrar el denominado 'referéndum reeleccionista'-- se publicó después de la votación, lo que pone en duda la legalidad de la misma, informó Caracol Radio.
Tres conjueces (jueces provisionales) del Consejo Nacional Electoral (CNE) fallaron la semana pasada en contra de la validez de la iniciativa de recogida de casi 5 millones de firmas de los ciudadanos para apoyar la reelección del presidente, Álvaro Uribe, impulsando para ello un referéndum que permita modificar la Constitución.
La Corte Constitucional todavía no ha comenzado sus deliberaciones sobre la legalidad del referéndum. Una vez que tenga la ponencia del caso, la corte tiene un plazo de 60 días hábiles para decidir si el referéndum para que los colombianos se respalden o rechacen modificar la Constitución para permitir la reelección presidencial es legal o no, por lo que su dictamen podría no conocerse hasta finales de marzo, a escaso mes y medio de las elecciones presidenciales.