BOGOTÁ, 25 Abr. (EP/AP) -
El senador de la oposición Gustavo Petro, que ha acusado a varios congresistas y al presidente Álvaro Uribe de estar relacionados con grupos paramilitares, denunció ayer que un teniente coronel retirado, vinculado con la seguridad de la empresa carbonífera estadounidense Drummond, colaboró con un grupo que planeaba asesinarle.
Drummond es una de las multinacionales con mayor presencia en Colombia y se enfrenta a un juicio civil en Alabama, Estados Unidos, por haber pagado supuestamente a paramilitares para asesinar a dos líderes sindicales en 2001.
Según indicó Petro, miembro del partido Polo Democrático Alternativo (PDA), a AP ayer, la Procuraduría tiene testimonios que indican que el teniente coronel retirado Julián Villate se reunió el pasado mes de enero con un grupo de sicarios en la ciudad costeña de Santa Marta para planificar su muerte.
Por su parte, la oficina de prensa de Drummond expresó en un comunicado su rechazo a "toda acusación que relacione a la compañía con actos delictivos o con grupos al margen de la ley". Y admitió que Villate trabaja para ellos desde 2005, ya que "traía las mejores recomendaciones". "El hecho de haber trabajado para la embajada de los Estados Unidos en Colombia supone un control minucioso de su hoja de vida", precisó la empresa en el comunicado.
Petro, que desde noviembre ha denunciado varias menazas de muerte, indicó que Villate también estuvo en el 2004 implicado en un plan para matar y amedrentar a sindicalistas de las empresas públicas de Cali, la tercera ciudad del país. Al tiempo que el abogado José Strusberg, defensor de Rafael García, un testigo clave en las acusaciones contra la Drummond, denunció que su cliente iba a ser asesinado pero que las autoridades desmantelaron el complot.
García ha sido una pieza clave en las investigaciones judiciales contra los vínculos de varios congresistas con los grupos paramilitares y dice haber presenciado la entrega de dinero que hizo Augusto Jiménez, presidente de Drummond en Colombia, a unos paramilitares para realizar los asesinatos.
El testimonio de García, actualmente condenado a 17 años por haber borrado antecedentes de narcotraficantes cuando trabajaba como jefe de informática de la policía secreta, formará parte del caso judicial en Estados Unidos.
Según aseguró a AP Strusberg, el plan ideado implicaba a seis reclusos que estaban cerca de la celda de su cliente y fueron trasladados. "Las medidas de seguridad han sido redobladas" para proteger al testigo, manifestó Strusberg.