Expresa su "profunda preocupación" por la anulación de la Ley de Amnistía y condena los insultos de Maduro a Rajoy
MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Congreso de los Diputados ha denunciado este miércoles la existencia de presos políticos en Venezuela por tratarse de una realidad "incompatible" con un régimen democrático. La proposición no de ley, iniciativa del PP, ha contado con el apoyo de PSOE, Ciudadanos, CiU, y el PNV, la abstención de Podemos y el voto en contra de ERC e IU.
El texto que inicialmente presentó el Grupo Popular con el objetivo de respaldar la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional venezolana, hoy en manos de la oposición, ha sido actualizado por el reciente fallo del Tribunal Supremo de aquel país que ha declarado inconstitucional la norma.
Pero además, la redacción final es fruto de la negociación entre PP, PSOE, Ciudadanos y Democràcia i Llibertat. La proposición no de ley finalmente votada en la Comisión de Asuntos Exteriores expresa la "profunda preocupación" del Congreso por el fallo del Tribunal Supremo venezolano que declara inconstitucional la Ley de Amnistía, tal y como pedía el Gobierno de Nicolás Maduro.
El texto condena también los insultos del presidente Maduro dirigidos contra el jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, y respalda la protesta del Gobierno a través de la llamada a consultas del embajador español en Caracas, que equivale a la retirada del diplomático de su puesto por un tiempo indeterminado.
La Cámara Baja traslada su interés en coordinar una visita de trabajo de los grupos a la Asamblea Nacional venezolana para apoyar la Ley de Amnistía, hace un "especial reconocimiento" a la lucha pacífica por la libertad que impulsa la Mesa de Unidad Democrática que aglutina a la oposición y manifiesta su convencimiento de que "solo desde el diálogo" entre los distintos actores en Venezuela se podrá caminar hacia la paz social y la estabilidad del país.
La iniciativa también aconseja al Gobierno de Venezuela que "acepte" la oferta de ayuda de España y de otros países e instancias internacionales ante la "grave crisis humanitaria y alimenticia" que sufre el país.
RIFIRRAFE ENTRE PP Y PODEMOS
Durante el debate de la iniciativa, el portavoz del PP, José Ramón García-Hernández, ha recordado que la juez que ha declarado inconstitucional la Ley de Amnistía es la misma que, siguiendo órdenes del Gobierno, preparó la orden de detención del opositor Leopoldo López.
Tras manifestar que le "provocan náuseas" algunos argumentos procedentes de formaciones comunistas que intentan descalificar la Ley de Amnistía --como hizo minutos después la representante de IU-- le ha pedido a Podemos que explique la financiación que la fundación CEPS, que "muchos consideran el origen de Podemos", recibió del régimen chavista.
El representante de Podemos, Pablo Bustinduy, ha pedido al PP que "deje de utilizar" el aparato del Estado "para perseguir fines partidistas", y ha arremetido particularmente contra la "creatividad" del Ministerio del Interior, una acusación que contó con el respaldo del portavoz de CiU, Jordi Xuclà.
Bustinduy se ha mostrado visiblemente harto de que a Podemos se le imputen de manera reiterada "gravísimos delitos" como haber recibido financiación ilegal de gobiernos extranjeros "sin atender a la verdad judicial, ni aportar pruebas ni ir a tribunales" y solo para obtener "réditos políticos".
"Si consideran que CEPS es la fundación de Podemos pídanle explicaciones a la Generalitat valenciana, que contrató sus servicios", le ha espetado al portavoz 'popular' Bustinduy, que ha rehúsado en cambio explicar por qué su grupo no quiere denunciar la existencia de presos políticos en Venezuela.
Por parte del PSOE, el diputado Salvador de la Encina ha subrayado la necesidad de que las denuncias que se hagan sobre la necesidad de respetar el Estado de Derecho en Venezuela se hagan desde el "respeto a la soberanía y la independencia de Venezuela" porque si no se darán argumentos a las autoridades bolivarianas para acusar a España de inmiscuirse en sus asuntos internos.
"No es lo mismo hablar de Derechos Humanos en Arabia Saudí o en China que en una antigua colonia, porque se lo ponemos muy fácil para que nos critiquen", ha explicado.
Democràcia i Llibertat, otro de los firmantes de la iniciativa, ha explicado su voto a favor porque ve con "preocupación" algunos elementos de la revolución bolivariana, que plantea un modelo alternativo con el que simpatizan algunas fuerzas políticas en España, pero que a juicio del diputado Jordi Xuclà "choca" con el modelo de las democracias europeas.
Ciudadanos también se ha sumado al pacto porque se trata de defender el "respeto a los Derechos Humanos y las libertades fundamentales" en Venezuela y ha pedido a Podemos que se sitúe del lado de aquellos venezolanos que no pueden comprar un litro de leche en lugar de hacerlo del lado de "aquellos a los que se sobraban 7 millones de euros" para darle una subvención a CEPS.
TARJETA AMARILLA A MADURO
PNV, a través de su portavoz Aitor Esteban, ha votado a favor porque cree que hay que sacarle "una tarjeta amarilla" al Gobierno de Maduro, que no está reconociendo la legitimidad de la Asamblea Nacional para aprobar leyes como la de Amnistía.
IU ha justificado su voto en contra porque la Ley de Amnistía, ha dicho su diputada Sol Sánchez, pretende amnistiar delitos como la importación de artefactos explosivos, la financiación del terrorismo o el uso de niños para cometer delitos. "Rezo porque en mi país no se quiera nunca aprobar un texto como éste", ha subrayado.
ERC también ha votado en contra porque, a juicio del diputado Joan Tardà, el texto planteado "cuestiona" que Venezuela sea una democracia.