El texto ha salido adelante con el apoyo de PP y Ciudadanos y la abstención de PSOE, PNV y PDeCAT
MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves una moción en la que insta al Gobierno a no reconocer la convocatoria de elecciones presidenciales de mayo ni sus resultados, por considerar que no serán democráticas pero, al mismo tiempo, hacer gestiones para intentar que lo sean.
El texto ha salido adelante con el apoyo de PP y Ciudadanos, que han acordado un texto de consenso a partir de una propuesta de los 'naranjas', y con la abstención de PSOE, PNV y PDECAT, que no querían negar reconocimiento a las elecciones venezolanas antes de hacer gestiones para que sean democráticas.
Finalmente, el texto insta al Gobierno a no reconocer ni la convocatoria ni el resultado "por carecer de las mínimas garantías democráticas y por la falta de un calendario y unas condiciones de
libre competencia electoral acordadas entre Gobierno y oposición.
También llama a "realizar las gestiones que pudieran ser necesarias a la hora de garantizar las condiciones democráticas de las elecciones presidenciales de mayo de 2018, incluidas las garantías para posibilitar una plena y libre participación en régimen de igualdad de oportunidades de todas las formaciones opositoras que así lo deseen, para lo cual es necesaria la inmediata liberación de todos los presos políticos".
Además, pide al Gobierno expresar la solidaridad de la sociedad española con los ciudadanos venezolanos ante las serias y sistemáticas violaciones de sus Derechos Humanos y libertades fundamentales,
incluidos sus derechos políticos.
También anima a seguir ejerciendo un papel de liderazgo en el ámbito internacional y de la Unión Europea en la defensa de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales y a impulsar un estrecho seguimiento de la evolución de las crisis que atraviesa el país.
Por otro lado, insta a hacer un llamamiento al Gobierno de Venezuela para que revierta su decisión de declarar persona non grata al embajador de España, para la normalización de relaciones
diplomáticas.
AMPLIAR LAS SANCIONES A ALTOS CARGOS VENEZOLANOS
También quiere que el Ejecutivo recomiende en el seno de las instituciones de la Unión Europea, la ampliación de las sanciones específicas a altos cargos del Gobierno de Venezuela "debido a la ruptura con los principios democráticos y el Estado de Derecho, así como por actos de corrupción, por la represión de la oposición y la sociedad civil y por las violaciones graves de los Derechos Humanos".
Asimismo, pide mantenerse atento a la situación en Venezuela y apoyar medidas "que permitan el retorno al orden democrático y la paz social a través del ejercicio efectivo de la democracia, el respeto a los Derechos Humanos y la plena vigencia del Estado de derecho en
el marco de las disposiciones de la constitución de Venezuela y en consonancia con sus obligaciones y compromisos internacionales", además de colaborar con el TPI, hacer un seguimiento de la situación de derechos humanos y abordar el asunto en el Consejo de Derechos humanos, incluyendo la posibilidad de una misión de investigación.
Apuesta además por pedir a Venezuela que tome medidas para que no se agrave la crisis humanitaria, incluyendo la aceptación de ayuda internacional, y apoyar esfuerzos de diálogo sinceros que puedan dar resultados concretos para que la salida a la crisis debe ser pacífica, democrática y negociada en el marco del ordenamiento venezolano.