Actualizado 06/09/2018 09:27

El Constitucional pide explicaciones al Gobierno de Guatemala por prohibir la entrada al jefe de la CICIG

Jimmy Morales
REUTERS / EDUARDO MUNOZ - Archivo

   CIUDAD DE MÉXICO, 6 Sep. (Reuters/EP) -

   El máximo órgano judicial de Guatemala ha dado un plazo de 48 horas al Gobierno del presidente Jimmy Morales para que fundamente las razones para prohibir la entrada en el país del jefe de la misión anticorrupción de la ONU, Iván Velásquez, en medio protestas callejeras contra la medida.

   El lunes, el Gobierno guatemalteco negó la entrada al país al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), por considerarlo una persona que atenta contra el orden y la seguridad pública.

   La CICIG, junto con la Fiscalía General del país, solicitó en agosto un antejuicio contra Morales por presunta financiación electoral ilícita, después de que el año pasado el mandatario evadiera ser investigado por el mismo delito al mantener su inmunidad.

   El organismo también fue clave en la victoria de Morales en 2015, después de que sus investigaciones llevaron a la renuncia de su predecesor, Otto Pérez Molina, quien está en prisión acusado de dirigir una mafia aduanera y malversar fondos públicos.

   "Se pidieron informes a la Presidencia y a los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad, ya que ayer (martes) se presentaron cuatro amparos cuestionando la legalidad de la decisión del presidente", ha informado este miércoles a Reuters el secretario general de la Corte de Constitucionalidad, Martín Guzmán.

   El Gobierno de Morales tiene un plazo de 48 horas para responder a las peticiones de la Corte, derivadas de los amparos presentados el martes tanto por la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) como por otros particulares, uno de los cuales permitiría el regreso de Velásquez al país.

   En espera de la decisión, este miércoles se ha producido una protesta frente al edificio de la Corte con altavoces y al ritmo de tambores, con mensajes como "y si no gobierna, que se vaya a la mierda" y "fuera corruptos".

   La CICIG, avalada por Estados Unidos, entró en vigor en el país en 2007 y su estancia es prorrogada cada dos años. La última vez fue en septiembre del año pasado, por lo que el fin de su gestión estaría programado para septiembre de 2019, pero la semana pasada Morales dijo que notificó a la ONU la no renovación de la misión anticorrupción.