Actualizado 02/08/2012 22:04

La Corte Constitucional ordena a los militares retirarse de dos comunidades indígenas en el sur de Colombia

BOGOTÁ, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

   La Corte Constitucional ha ordenado a la Armada nacional retirar a los uniformados de la Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina de los comunidades indígenas de Jiw y Nukak, situadas entre los departamentos de Guaviare y Meta, en el sur de Colombia.

   En la resolución, el magistrado Luis Ernesto Vargas da un plazo de seis meses a los uniformados para abandonar las zonas en las que se ha constatado el desplazamiento forzoso de los indígenas a consecuencia de los enfrentamientos entre el Ejército y las guerrillas.

   Según el documento divulgado por medios locales, el Ministerio de Agricultura de Colombia entregó a la Armada Nacional en el año 2011 un terreno de una extensión de seis hectáreas para que instalaran una base militar. El Constitucional ha determinado que los militares no pueden establecerse allí porque es un territorio que pertenece desde hace más de treinta años a los indígenas Jiw.

   El terreno se encuentra ubicado en el área rural de Barrancón, jurisdicción de San José del Guaviare. La unidad de las Fuerzas Especiales e Infantería de Marina tienen un plazo de seis meses para devolverlo a los nativos mediante un proceso que será supervisado por la Defensoría del Pueblo, la Pastoral Social y de representantes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR).

   Según el Constitucional, ambos pueblos corrían el riesgo de ser exterminados física y culturalmente a causa del conflicto armado en esa región, donde las guerrillas tienen importantes bases de operaciones y donde hasta han escondido a secuestrados, informa la emisora RCN.

   En la resolución se ordena además a varias instituciones del Estado a poner en marcha planes y medidas especiales para atender a las comunidades afectadas.

REACCIONES

   El ministro de Defensa colombiano, Juan Carlos Pinzón, ha asegurado que el Gobierno y el Ejército acatarán la orden del Constitucional, aunque ha anunciado que presentará algunos "recursos legales" para evitar que esta resolución afecte los operativos de seguridad que llevan a cabo en esa región.

   Además, Pinzón ha asegurado que "las relaciones de los uniformados con los indígenas en esa zona (Guaviare y Meta) es excelente" y ha pedido que cualquier medida que se tome a partir de ahora en esas comunidades sea coordinada con las instituciones involucradas.

   Por último, el ministro ha dejado claro que la decisión del Constitucional sólo se refiere a las comunidades de Jiw y Nukak, y no tiene nada ver que los indígenas del municipio de Toribío, en el departamento de Cauca (suroreste), que hace dos semanas expulsaron a la fuerza a los militares y guerrilleros de su territorio.

   Los hechos ocurridos en Toribío han levantado una polémica dentro y fuera de Colombia por ser la primera vez que los indígenas se enfrentan tanto a los rebeldes como a los militares por considerarles los responsables de la ola de violencia que se vive en esa zona.

   Pese a esta situación, el Gobierno de Juan Manuel Santos ha dejado claro que mantendrá a la Fuerza Pública en Cauca, uno de los departamentos más violentos de Colombia por ser uno de los epicentros del conflicto armado que sacude a ese países desde hace cinco décadas.