CIUDAD DE MÉXICO, 9 May. (Notimérica) -
La Corte Suprema de Justicia de México ha avalado este lunes que los menores de entre 14 y 18 años, acusados de delitos graves, podrán ir a la cárcel durante un período máximo de 5 meses mientras se lleve a cabo el proceso de determinación de la sentencia de su caso.
Así, los menores que sean acusados de delitos graves quedarán sujetos a prisión preventiva, entendiendo éstos como un delito de homicidio calificado, terrorismo, delincuencia organizada, narcotráfico, extorsión agravada, violación o abusos sexuales, lesiones graves, robo con violencia y trata de personas.
Con la implementación de esta nueva "medida extrema", que ha sido resuelta en el Pleno con ocho votos a favor y tres en contra, se hará obligatoria la revisión mensual de cada caso para determinar el grado de implicación o participación del menor.
De esta forma, se ha resuelto el recurso interpuesto en junio del pasado año la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al entrar en vigor la actual Ley General del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, la cual prevé el internamiento de personas de entre 14 y 18 años que están acusadas de delitos graves.
En su demanda, la CNDH determinó la invalidez de algunos de los artículos de esta ley porque consideró que "al prever la medida de prisión preventiva, violan los principios del sistema integral de justicia para adolescente", por lo que "es contraria a la libertad personal y al principio de presunción de inocencia", de acuerdo con 'Animal Político'.
Sin embargo, en la aprobación de Corte, sus integrantes coincidieron en que se trata de una medida que no está prohibida de forma explícita en la Constitución mexicana y que es legal.
Así lo quiso expresar uno de los ministros que votaron a favor de esta decisión, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien argumentó que esta regulación "tiene a la protección incluso física de los adolescentes" que son utilizados en algunas conductas ilícitas que lleva a cabo la delincuencia y el crimen organizado.
Por su parte, otro de los ministros que avalaron la medida, Fernando Franco González Salas, señaló que "hay razones suficientemente constitucionales, convencionales e, inclusive, por el beneficio de la sociedad para que esa figura pueda aplicarse, también --de manera preventiva-- en los casos extremos, como la propia Constitución lo señala", en declaraciones recogidas por 'Milenio'.