SAN JOSÉ (EP/AP)
Las autoridades costarricenses formalizaron a primera hora de hoy la extradición a Colombia del presunto ex guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Héctor Martínez Quinto, requerido en ese país entre otros delitos por la masacre de Bojayá, donde perdieron la vida más de 100 civiles.
La extradición se hizo en medio de un gran despliegue policial en la base aérea del ministerio de Seguridad Pública, ubicada a un lado del aeropuerto Juan Santamaría, el principal aeropuerto del país. En el lugar esperaba una avioneta de la policía que lo trasladaría a Colombia.
Martínez Quinto, quien se hacía pasar por pescador, fue trasladado esposado con sus manos hacia el frente y, acompañado por dos oficiales, pasó por unos momentos a una oficina donde un juez le notificó sobre la extradición y le tomó una breve declaración.
También estuvieron presentes funcionarios colombianos, de acuerdo a transmisiones en vivo realizadas por la televisión local.
"Para nosotros esto es quitarnos una brasa ardiente", manifestó a la prensa el ministro de Seguridad, Fernando Berrocal, luego de efectuado el proceso. No obstante, explicó que seguirán la investigación sobre los contactos de Martínez y la forma en que obtuvo un estatus migratorio legal en el país.
Berrocal aseguró que al colombiano, detenido el pasado mes de agosto en la localidad de la costa del Pacífico de Puntarenas, "se le dio una condición migratoria que no se le debía haber dado nunca".
Añadió que la misión de Martínez "era penetrar la flota pesquera costarricense y ese objetivo, lamentablemente, en gran medida lo alcanzó" ya que en los últimos meses se han "capturado cerca de 20 toneladas de cocaína en embarcaciones pesqueras costarricenses". El extranjero vivió durante seis años en Costa Rica.
La petición de extradición fue aprobada por un tribunal costarricense en octubre pasado por los delitos de homicidio de persona protegida, lesiones en perjuicio de persona protegida, actos de terrorismo, utilización de medios ilícitos y rebelión.
Para poder aceptar la solicitud, Colombia debió rendir promesa formal de que Martínez, de 38 años, no podrá ser condenado a muerte o cadena perpetua. En las leyes costarricenses no está contemplada la pena capital.