SAN JOSÉ, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, ha considerado una "contundente victoria" la resolución de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la que ordena a este país y a Nicaragua no desplegar tropas en el entorno del río San Juan, pese a que no establece el cese de su dragado, como exigía San José a Managua.
La mandataria ha celebrado el fallo de la CIJ al considerar que ofrece una solución equitativa, por lo que ha animado a Nicaragua a respaldarlo. "También hoy deben celebrar nuestros hermanos nicaragüenses porque la resolución de la Corte es justa", ha agregado, en declaraciones recogidas por el diario 'La Nación'.
No obstante, Chinchilla ha querido aclarar que Costa Rica nunca ha puesto en duda que la isla continental de Calero, ubicada en la desembocadura de los ríos San Juan y Colorado, pertenece a Nicaragua, sino que ha alertado del daño que el dragado del primero de los afluentes puede ocasionar al ecosistema de una zona de soberanía conjunta.
En esta línea, la dirigente ha advertido de que el fallo de la CIJ no resuelve el problema sobre la isla de Los Portillos, reclamada por ambos países, cuya resolución depende también de La Haya. "Los costarricenses sabemos que es y siempre ha sido nuestra, aquí reside el fondo jurídico sobre el que en meses o años fallará el tribunal. Pero podremos esperar el fallo sin fuerzas extranjeras en territorio nacional", ha explicado.
En referencia a su homólogo nicaragüense, Daniel Ortega, la presidenta ha asegurado que todavía no habían hablado, aunque ha manifestado su intención de hacerlo en las próximas horas. Así, ha adelantado que Costa Rica volverá a la mesa de negociaciones con su vecino, cuando constate que éste ha comenzado a cumplir con lo dispuesto por la CIJ.
LA DISPUTA BILATERAL
El litigio se reavivó el pasado mes de noviembre, cuando tropas nicaragüenses ocuparon la isla de Calero para supervisar el dragado del San Juan. Costa Rica consideró una violación de su soberanía el despliegue militar y una amenaza medioambiental las operaciones sobre el río.
No obstante, la disputa se remonta a 2009, cuando la CIJ estableció la soberanía de Nicaragua sobre la zona y su derecho a la navegación, aunque al mismo tiempo también determinó que Costa Rica puede utilizar el afluente con fines comerciales.