El abogado Carlos Slepoy celebra la decisión, recuerda que casi la mitad no están procesados en su país y espera que sean extraditados
MADRID/BUENOS AIRES, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno español pedió hoy a Argentina la extradición de 40 represores de la dictadura (1976-1983) que están procesados en España por genocidio, terrorismo y torturas, entre los que destacan Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Alfredo Astiz. Cerca de la mitad están siendo juzgados en Buenos Aires tras la abolición de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida por lo que no parece fácil su extradición. Sin embargo, el resto, muchos de ellos en libertad, podrían ser enviados a España para ser juzgados por sus crímenes.
La decisión del Consejo de Ministros, adoptada en cumplimiento de una sentencia del 31 de mayo de 2005 dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, afecta a los principales jerarcas de la dictadura así como a un grupo de represores detenidos en Buenos Aires el 26 de julio de 2003 en cumplimiento de una orden internacional, entre los que se encuentran Omar Domingo Rubens Garffihna.
Además del ex dictador Videla, Massera -máximo responsable de la temida Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)- y Astiz -o 'Angel Rubio de la Muerte', responsable de la desaparición de las monjas francesas- la petición recae sobre Armando Lambruschini, Antonio Domingo Bussi, Ramón Genaro Díaz Bessone, Luciano Benjamín Menéndez y Carlos Guillermo Suárez Masón (ya fallecido), entre otros.
Tras el arresto de ese grupo, el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, a cargo del juez Baltasar Garzón, envió al Ministerio de Justicia del entonces Gobierno de José María Aznar la propuesta de extradición. Sin embargo, en Consejo de Ministros del 29 de agosto de 2003 se acordó no continuar el procedimiento de extradición activa contra estos 40 procesados reclamados a Argentina.
SENTENCIA DEL SUPREMO
Fue entonces cuando Graziela Palacio de Lois, viuda de uno de los desaparecidos durante la dictadura, e Izquierda Unida-Iniciativa Per Catalunya, interpusieron un recurso contencioso administrativo contra el citado acuerdo. La Sala Tercera del Tribunal Supremo resolvió en mayo de 2005 ese recurso y en su sentencia declaraba que el Consejo de Ministros debe dar curso a la solicitud de extradición ante el Gobierno de Argentina para su tramitación.
La petición de extradición cursada hoy, que ha sido ampliamente recogida por la prensa de Buenos Aires, tiene lugar semanas después de que la Audiencia Nacional declinara su jurisdicción a favor del país sudamericano en los casos de los represores Ricardo Miguel Cavallo y Juan Carlos Fotea para que sean juzgados en Buenos Aires una vez abolidas las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Y es que Garzón dictó a mediados de enero pasado un auto en el que renunciaba a seguir investigando el caso de Fotea en favor de la justicia argentina, donde hay una causa judicial abierta previamente en su contra por los mismos hechos. Previamente, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se había declarado no competente para juzgar a Cavallo por las actuaciones judiciales en su contra en Argentina.
Las reacciones a uno y otro lado del Atlántico no se han hecho esperar. Desde Buenos Aires la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, agradecía en declaraciones a Europa Press el apoyo de España en la lucha contra la impunidad de los crímenes de la dictadura, aunque reconoció que hay pocas opciones de que sean extraditados porque ya están siendo juzgados en Argentina.
CASI LA MITAD NO ESTAN PROCESADOS
En Madrid, el abogado Carlos Slepoy, que entre otros casos ejerció la acusación popular en nombre de la Comisión de Solidaridad con las Familias de desaparecidos y muertos en Argentina en el juicio contra Adolfo Scilingo, celebró la decisión del Gobierno español, que calificó de "sumamente importante" porque demuestra que la acción de la justicia española "sigue activa".
Además, en declaraciones a Europa Press recordó que casi la mitad de los reclamados también están procesados en Argentina por lo que en principio no parece que vayan a ser extraditados, pero en cuanto al resto --dijo-- mucho de ellos se encuentran en libertad sin haber tenido que enfrentarse a la acción de la justicia por sus crímenes por lo que "nada debería impedir" que sean enviados a España.
En concreto, Slepoy se refirió a los casos de Héctor Mario Schwab, represor que actuó en Tucumán y que fue brazo derecho del entonces gobernador Antonio Domingo Bussi --también reclamado por Garzón-- y Gonzalo Dalma Torres de Tolosa, único civil entre los reclamados, que ejerce como abogado de militares acusados por la represión y que en aquellos años actuó en la ESMA bajo el alias 'Teniente Vaca'.
"Sin duda se trata de una gran decisión que tenemos que celebrar. Aunque se ha tardado bastante tiempo en pedir la extradición, lo importante es que al final se ha tramitado (...) Hasta hace unos cuantos años nadie quería juzgar a estos genocidas y ahora hay una persecución múltiple y generalizada contra los responsables de tan aberrante crímenes", sentenció.