Decretan un paro indefinido, el cierre de la frontera, el bloqueo del aeropuerto, la carretera hacia Santa Cruz y la línea férrea
LA PAZ, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -
Cerca de mil indígenas mantienen secuestrados desde ayer por la tarde a tres ministros del Gobierno de Evo Morales que habían acudido a una planta minera en la zona franca boliviana de Puerto Suárez y Puerto Quijarro, a menos de 50 kilómetros de la frontera con Brasil, para intentar mediar en un conflicto. Tras advertir de que no los dejarán libres hasta tener una "respuesta favorable" sobre la instalación de una planta siderúrgica, convocaron un paro indefinido, el cierre de la frontera, el bloqueo del aeropuerto y la carretera.
Se trata de los ministros de Planificación, Carlos Villegas; de Minería, Walter Villarroel, y de Desarrollo Económico, Celinda Sosa, quienes habían llegado ayer a Puerto Suárez para intentar explicar el proceso de licitación de un yacimiento de hierro en el Mutún, cerca de la zona franca, así como los plazos establecidos. Sin embargo, fueron tomados como rehenes por otra demanda: la concesión de la licencia ambiental para la siderúrgica, de capitales brasileños.
Ante lo sucedido en el Mutún, el Gobierno de Evo Morales enfatizó varias ocasiones en las últimas horas que no negociará bajo presión ni al margen de la ley, mientras que los vecinos de la localidad están en vigilia desde esta madrugada por temor a una intervención militar, según informa la prensa local, recogida por Europa Press.
La toma de rehenes se produjo por la tarde, en las instalaciones del Comité Cívico de la ciudad, a 800 kilómetros de Santa Cruz, donde los ministros fueron abucheados y luego retenidos por la fuerza. De hecho, el presidente del Comité Cívico, Edel Heineken, explicó que los ministros llegaron a la población "de manera informal".
EMPRESA BRASILEÑA
Sobre las 22.00 horas (madrugada en España), la ministra Sosa dijo que la comisión se trasladó al lugar para explicar el proceso de licitación del Mutún --cuyo plazo vence en mayo--, pero que fueron retenidos por otra demanda: el apoyo a las operaciones de una siderúrgica cuya legalidad es cuestionada por el Gobierno de Morales.
El conflicto tiene que ver con la empresa MMX, una siderúrgica que empezó la construcción de una planta para la obtención de arrabio en la zona franca industrial de Puerto Suárez y Puerto Quijarro, y que comprometió la generación de 1.500 empleos. Su capital proviene de inversores brasileños y entidades internacionales.
Según la Constitución los extranjeros no pueden poseer suelo ni subsuelo dentro de los 50 kilómetros de la frontera con cualquier país. Heineken afirmó que a raíz de las observaciones del Gobierno, varios empleados fueron despedidos en las últimas horas y que los ministros no dieron ninguna solución a este problema.
"Ellos no saldrán de aquí hasta que den una respuesta favorable", subrayó el presidente del Comité Cívico, quien añadió que la comitiva no logró suspender el paro cívico indefinido, anunciado desde las cero horas de hoy, con el cierre de la frontera, el bloqueo del aeropuerto, la carretera hacia Santa Cruz y de la línea férrea.
INTERVENCION MILITAR
Asimismo, el dirigente aseguró tener "información muy seria" de que el lunes por la noche se embarcó un contingente de 100 soldados del Regimiento 15 de Infantería de Roboré y otro grupo de San José de Chiquitos hacia Puerto Suárez. "Sería lamentable que el Gobierno utilice a los militares para manejar los conflictos", indicó.
El vicepresidente de la República, Alvaro García Linera, que llegó ayer por la tarde a la capital cruceña, manifestó que el Gobierno de Morales no cederá ante las medidas de presión adoptadas por los indígenas y menos ante la empresa MMX, a la que calificó de "chuta e ilegal".
En La Paz, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Héctor Arce, insistió en que el Gobierno "no negociará en ninguna circunstancia, bajo ninguna medida de presión, bajo ninguna medida delictiva, sólo en virtud de la soberanía nacional, el respeto al orden constitucional y al orden legal vigente".
Además, precisó que el fiscal Pedro Gareca conoció el caso para tomar "las acciones necesarias en la investigación y la sanción de los responsables de estos hechos delictivos". Y por último, llamó al prefecto cruceño a pronunciarse sobre el tema, hecho que de momento no ha tenido lugar.