La Fiscalía ha documentado 157.977 homicidios y 28.986 desaparecidos
MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno colombiano defendió este jueves la contribución de la Ley de Justicia y Paz para esclarecer las graves violaciones en el marco del conflicto armado en Colombia y reclamó no vincular su éxito al número de condenas firmes sino por el hecho de que, hasta la fecha, se ha atendido a 151.023 víctimas, aunque sólo hubo una condena a un paramilitar de menor rango y posteriormente absuelto.
El fiscal general, Gillermo Mendoza, subrayó "el esfuerzo" de la Fiscalía para esclarecer los hechos y dijo que la aplicación de la ley "no puede medirse por el número de sentencias (...) porque por lo menos se va sabiendo qué pasó", aseguró durante un debate sobre su aplicación, organizado por el Centro Internacional de Toledo para la Paz.
Mendoza explicó que gracias al proceso se ha logrado "identificar" a las víctimas e impulsar unas 260.690 investigaciones de violaciones como homicidios y desapariciones forzosas y "más de 4.000 investigaciones donde se han hecho formulaciones de cargo" delictivo.
La Fiscalía, dijo, ha documentado 157.977 homicidios y 860 masacres en todo el país, 28.986 desaparecidos, 2.549 menores reclutados en el marco del conflicto armado, 48.494 desplazamientos forzados, 412 casos de violencia de género, 2.017 secuestros y 2.017 casos de extorsión. Se han localizado 1.997 fosas con 1.479 cadáveres de los que 700 han sido identificados y entregados a los familiares.
Asimismo, se han denunciado 27.000 hechos delictivos, principalmente homicidios, seguidos de desapareción forzada, extorsión y reclutamiento, de los cuáles han sido víctimas más de 40.000 personas. Mientras, se han confesado un total de 10.000 delitos que afectan a 13.000 víctimas.
Hasta ahora 230.516 víctimas se han registrado en el proceso de Justicia y Paz, 27.147 de ellas han participado en las diligencias procesales, mientras que 258.350 personas han tramitado los formularios para acceder a la reparación por vía administrativa.
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón recordó que la primera condena del Tribunal Penal Internacional llegó siete años después de su constitución y subrayó su esperanza en que en el plazo de seis meses o un año comiencen los juicios en Colombia y se produzcan sentencias. "Eso esperamos", aseguró.
"Estoy de acuerdo con las palabras del fiscal general y del juez Baltasar Garzón en el sentido de que la calificación sobre el proceso que adelanta Colombia no puede hacerse en términos absolutos porque es un proceso increíblemente complejo", apostilló el alto comisionado para la paz, Frank Pearl.
PERFECCIONAR EL PROCESO
Pearl defendió identificar lo que funciona y no dentro del proceso para "perfeccionarlo", aunque pidió reconocer "la magnitud y complejidad sin precedentes" del conflicto armado en Colombia y, desde esta perspectiava, defendió que Justicia y Paz "es el proceso de reintegración más avanzado del mundo".
Su objetivo es conseguir "la garantía" de que no habrá "repetición". "Los colombianos estamos haciendo esto porque queremos dejar la violencia atrás. Queremos que esto no se repita. Necesitamos entender el pasado para que no se repita", precisó.
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ibáñez, subrayó que lo importante "no es el número de sentencias definitivas" sino "el tránsito y la calidad de las decisiones" judiciales porque con ellas "se está haciendo jurisprudencia" en el país para castigar delitos en el marco del conflicto armado.
Asimismo, achacó la absolución del paramilitar de menor rango conocido por el alias 'El Loro' --el único que ha recibido una condena en el marco de la Ley Justicia y Paz-- por el hecho de que "no le imputaron" el delito de concierto para delinquir "que es delito básico" en el marco del conflicto.
El fiscal general insistió en que "decir que porque no haya una sentencia condenatoria la ley se está colapsando o que no haya producido resultados creo que no consulta la objetividad". "Aquí no se ha perdido tiempo", insistió. "En el área de la verdad se ha avanzado muchísimo", aseguró.
Mendoza defendió que lo más importante del proceso Justicia y Paz es "el resultado colateral" de las investigaciones que han permitido "adelantar" aquellas en el marco de "la justicia ordinaria", en total más de 5.360 investigaciones. "Tenemos un número elevado de sentencias condenatorias contra cabecillas de los paramilitares en la Justicia ordinaria", entre ellos, el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso.
Por su parte, el viceministro de Justicia, Miguel Ceballos, justificó la falta de condenas porque todavía no se han imputado cargos. "Solamente estamos en la etapa de audiencia de versión libre. No hemos llegado ni siquiera a la audiencia preliminar de formulación de imputación (...) para ahí sí llegar a la audiencia pública", precisó.
El representante del colectivo de víctimas Iván Cepeda, lamentó que el proceso tiene "fallas estructurales" y que desde el ámbito judicial "no ha habido una política clara para perseguir los bienes, las tierras, los capitales que detentan estos señores", en referencia a los paramilitares, guerrilleros y otros grupos al margen de la ley. "Siguen en las regiones los parapolíticos gobernando y van a seguir siendo elegidos en las próximas elecciones", lamentó.
DESMOVILIZACIÓN Y REINCIDENCIA
Pearl explicó que en los últimos siete años se han desmovilizado "más de 51.000 personas", incluidos más de 15.000 miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y casi 32.000 paramilitares en el marco de Justicia y Paz, mientras que otros 3.500 paramilitares se desmovilizaron "por su cuenta". "El porcentaje de recincidencia a nivel nacional está en 7,4 por ciento", precisó.
El alcalde de Medellín, Alonso Salazar, subrayó la importancia de la reinserción, sobre todo, de los mandos medios y la necesidad de "romperle el hueso" a las organizaciones criminales que se han creado "muy" marcadas "por el narcotráfico" en los últimos 15 años. "La reinserción es una necesidad del país", insistió.
EXTRADICIONES DE PARAMILITARES A EEUU
Cepeda criticó la falta de cooperación judicial entre Colombia y Estados Unidos y consideró que las extradiciones de paralimitares obedecen al hecho de que "iban a decir cosas sumamente comprometedoras para el Gobierno" como los testimonios ofrecidos por Belosa y Mancuso que implicaban a miembros del Gobierno con el paramilitarismo.
Las autoridades colombianas han aprobado, previa petición de la Corte Suprema, extraditar a cerca de 960 paramilitares a EEUU por narcotráfico, algo que Cepeda calificó como "el golpe maestro" para debilitar el proceso aunque recordó el ejemplo de Diego Fernando Murillo quien, desde Estados Unidos, testificó que los grupos paramilitares "financiaron la primera elección" del presidente Alvaro Uribe.
Pearl rechazó que el Gobierno apruebe extradiciones "porque tiene algo que esconder" después de que se destapara el escándalo de la parapolítica porque de lo contrario "no los hubiera extraditado", insistiendo en que con la extradición sus "procesos no se suspenden".
Por su parte, Garzón consideró que los hechos que se investigan son "muy graves" y que "no se puede anteponer una extradición y entrega por delito de narcotráfico" porque "nunca" es "tan grave" como "los crímenes contra la Humanidad".
Ceballos defendió las extradiciones porque "el narcotráfico sí tiene que ver con los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Colombia, precisamente por proteger ese negocio nefasto del narcotráfico" que "ha alimentado esas masacres". "Tienen que responder por ambos", recalcó.
Ibáñez explicó que para las víctimas la verdad "huyó" con estas extradiciones, mientras que el fiscal Mendoza éstas han contribuido a "una disminución en el conocimiento de algunos hechos".