El 64,6% de los deportados en 2005 fue por delitos no violentos y el 20,9% por delitos que involucraron violencia contra personas
WASHINGTON, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -
La deportación obligatoria de inmigrantes sentenciados por un crimen, incluso cuando han cometido un delito menor, ha separado a un total de 1,6 millones de niñas, niños y personas adultas, incluyendo ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales, de sus familiares no ciudadanos, según denunció la organización Human Rights Watch (HRW) en un nuevo informe dado a conocer en Washington.
Las autoridades migratorias han deportado a 672.593 inmigrantes debido a sentencias penales desde 1997, después de que el Congreso aprobara la legislación que convierte la deportación en un castigo obligatorio para una larga lista de crímenes, incluso delitos menores no violentos cometidos años antes de que las leyes entraran en vigor.
Muchos de los deportados llegaron a Estados Unidos en su infancia y eran residentes permanentes legales que habían vivido legalmente en el país durante décadas. "Las leyes no sólo son crueles en su rigidez, sino también insensatas", dijo Alison Parker, investigadora principal del Programa de Estados Unidos de Human Rights Watch y autora del informe.
Antes de 1997, a los inmigrantes que cometían un crimen podían acudir ante un juez que podía ejercer su discrecionalidad en la imposición de penas. Sin embargo, la nueva legislación aprobada en 1996 impide al juez considerar si la deportación es excesivamente dura tomando en cuenta las relaciones familiares de los inmigrantes y sus vínculos comunitarios.
El informe de 88 páginas, titulado 'Separación forzosa: Familias separadas e inmigrantes dañados por las leyes sobre deportación de Estados Unidos', es la primera revisión exhaustiva de la deportación de personas no ciudadanas convictas por crímenes y del impacto que tiene sobre las familias y comunidades en Estados Unidos.
Entre los casos de deportación documentados figuran el de un hombre de 52 años que vivió en Estados Unidos como residente legal durante 40 años, sirvió en el Ejército estadounidense, tiene cuatro hijos que son ciudadanos de ese país y fue sentenciado por posesión y venta de pequeñas cantidades de drogas.
Otro caso es el de un padre de tres niños estadounidenses que fue sentenciado por abrir un coche a la fuerza y robar de una farmacia una botella de colirio de 10 dólares, y el de un hombre joven que había vivido legalmente en Estados Unidos como refugiado de Laos desde los cuatro años.
CASI DOS TERCIOS DEPORTADOS POR DELITOS NO VIOLENTOS
Según datos de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el 64,6 por ciento de inmigrantes deportados por crímenes en 2005 había sido sentenciado por delitos no violentos, incluyendo robo de artículos en una tienda. Alrededor del 20,9 por ciento fue deportado por delitos que involucraron violencia contra personas y el 14,7 por ciento a causa de "otros" crímenes.
Los autores del informe de Human Rights Watch utilizaron datos del censo sobre el tamaño de las familias inmigrantes para estimar la cantidad de cónyuges, hijas e hijos que tuvieron que quedarse en Estados Unidos después de que se deportara a su cónyuge, padre o madre debido a una sentencia penal.
La reforma de las leyes de 1996 no fue incluida en la legislación inmigratoria integral que el Congreso consideró este año. No obstante, en enero pasado el congresista José Serrano introdujo un proyecto de ley que permitiría a los jueces de inmigración tomar en cuenta los intereses de niñas y niños ciudadanos estadounidenses durante las audiencias de deportación.
Sin embargo, según asegura HRW en su informe 'Separación forzosa: Familias separadas e inmigrantes dañados por las leyes sobre deportación de Estados Unidos', la ley propuesta no protegería las relaciones conyugales ni otros vínculos que los inmigrantes tienen en Estados Unidos, como una residencia legal prolongada o el servicio en las Fuerzas Armadas del país.
"La mayoría de los miembros de la Unión Europea y otras grandes democracias tienen en cuenta las relaciones familiares y otros vínculos con el país de inmigración antes de que se tome la decisión final de deportar. En Estados Unidos los jueces tienen las manos atadas. No hay nada que puedan hacer para proteger a las familias o reconocer las numerosas contribuciones que las personas no ciudadanas han hecho a sus comunidades o a la nación", denunció Parker.
Dos inmigrantes deportados a causa de sentencias penales, Wayne Smith y Hugo Armendáriz, presentaron una demanda contra el Gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ambos, con esposas, hijas e hijos en Estados Unidos, vivieron en el país como residentes permanentes legales durante 25 y 28 años, respectivamente, antes de ser deportados a Trinidad y México por delitos de drogas.