ICG aboga por una estrategia a corto y largo plazo que necesita de la ayuda imprescindible de la Minustah y la comunidad internacional
MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -
La victoria de René Preval en las pasadas elecciones de 2006 arrojó una falsa sensación de esperanza sobre la población haitiana, ya que un año después se enfrenta a una ola de violencia y de crimen organizado que amenaza con "devorar el país" y que requiere de soluciones inmediatas "a corto y a medio plazo" y que exige la creación de tribunales especializados para ocuparse tanto de los problemas internos como de aquellos delitos que traspasan las fronteras del país, según el grupo de estudios International Crisis Group (ICG).
El informe vincula el crecimiento de la violencia con el golpe de Estado liderado por el hasta entonces jefe de Policía de El Cabo de Haití, Guy Phillipe contra el régimen del ex presidente Jean Bertrand Aristide, en 2004, que se vio obligado a abandonar un país que para ese momento había perdido el apoyo de la comunidad internacional debido a "la falta de voluntad del sistema político", según el documento.
Para ICG, es imprescindible que la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas (MINUSTAH) facilite la absorción de la ayuda internacional y que colabore activamente con el Gobierno del actual presidente René Preval a la hora de establecer un sistema judicial efectivo que, por el momento, es percibido como "débil" y "disfuncional" a todos los niveles, del que se destaca su incapacidad para desarrollar a cabo procesos judiciales efectivos, el escaso sueldo de los jueces, la preocupante densidad de la población carcelaria, y un dato muy a tener en cuenta y revelador de la efectividad del sistema en el país: el 96 por ciento de los detenidos todavía se encuentra pendiente de juicio.
SISTEMA PODRIDO
El sistema judicial de Haití necesita una clase de transformación radical que sólo puede recibir a través de la ayuda externa. ICG señala "la falta de práctica y conocimientos" de los abogados y los jueces como "uno de los problemas más persistentes". El grupo de expertos llega a indicar que muchos de los que participan en el proceso "carecen de educación de cualquier tipo", un déficit que se hace especialmente palpable en la figura del juez de paz, que recibe más del 80 por ciento de los casos fuera de la capital, Puerto Príncipe, y que se encarga de desarrollar las investigaciones iniciales en casos más serios, a través de unos informes previos caracterizados por una preparación "extremadamente pobre". La tasa de arrestos es, de entrada, insuficiente, según el grupo.
Si el arresto tiene lugar, llevar un registro al día del proceso puede ser enormemente complicado en la nación caribeña. Dado que Haití carece de registro de antecedentes, no hay forma de saber si el detenido ha cometido delitos previos a su arresto, por lo que el sistema judicial se convierte en "un enorme agujero negro" en el que se pierden la mayor parte de los casos. Los fiscales no ayudan: generalmente suelen categorizar los casos de forma errónea a través de un código penal que ha experimentado pocos cambios desde la época Napoleónica.
Todos estos problemas, según el estudio, contribuyen a uno de los fenómenos más acuciantes en el país: el elevadísimo índice de detenidos antes del juicio, un problema que se da en la práctica totalidad de las cárceles del país con mención especial para la Penitenciaría Nacional, donde el 96 por ciento de sus habitantes se encuentran a la espera de juicio, e incluso se llega a sugerir que casi un centenar de esos presos pueden estar cumpliendo condena una vez servida toda su sentencia, al carecer de documentos que demuestren que ya han pagado su deuda con la sociedad.
En ese ambiente el hecho de que los jueces pasen meses sin recibir su salario pasa prácticamente desapercibido. Pero es un factor que repercute en el altísimo índice de corrupción que domina el estamento judicial del país. Además, el informe de ICG señala que las infraestructuras son "inadecuadas" y que tanto los tribunales como los correccionales se encuentran en condiciones "penosas". Gran parte de esa situación se debe al desorden civil que tuvo lugar tras el golpe de febrero de 2004: prisiones y juzgados de paz fueron arrasados y, en algunos casos, completamente destruidos. Fue el remate a unas instituciones previamente debilitadas, dado que entre 1994 y 2000 los países que aportaban ayuda económica al país cesaron su contribución por miedo a la falta de estabilidad en Puerto Príncipe.
DOBLE ESTRATEGIA
ICG recomienda una estrategia preparada por el Gobierno y apoyada por la comunidad internacional y la Minustah, concebida en dos fases, una primera que tendrá lugar a lo largo de 2007 y una segunda etapa, "a un largo plazo", para reforzar los objetivos que se consigan durante el primer año.
La primera fase del plan, según el think tank, pide al Gobierno y al Parlamento que "conviertan en ley un código ético" para los jueces, así como "un consejo judicial independiente" para acabar con la corrupción en el poder, con autoridad suficiente para "expulsar a aquellos jueces responsables de violaciones éticas", especialmente en los casos de tráfico de drogas, secuestro, terrorismo y crimen organizado; otorgando protección a los testigos que así lo requieran e incrementar los salarios de los jueces.
Dentro de ese marco temporal, la comunidad internacional y la Minustah deberán "supervisar y controlar la tensión que pudiera tener lugar a raíz del relevo de estos jueces corruptos". Y más aún, deberán proporcionar los fondos necesarios para infraestructuras, protección de testigos y asistencia legal.
A largo plazo, ICG solicita a las autoridades una "enmienda constitucional" para establecer "de forma racional y efectiva" un procedimiento de elección permanente para los altos jueces. Dichas modificaciones deberán modernizar además el código penal existente, "establecer una comisión permanente", encargada de revisar los casos de aquellos ciudadanos arrestados y que se encuentran a la espera de juicio.
Será tarea de la Minustah y de los países contribuyentes asegurar que sus programas de ayuda humanitaria se prolonguen durante cinco años y, en colaboración con miembros del Mercado Común y Comunidad Caribeña (Caricom) crear una "corte híbrida" para afrontar crímenes de índole transnacional.