BRASILIA, 10 Abr. (Notimérica)
El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, detenido este pasado sábado, podría ser puesto en libertad si el Supremo Tribunal Federal (STF) modifica esta semana la norma que autoriza a encarcelar a personas condenadas en segunda instancia y que aún disponen de recursos judiciales, como es el caso del exmandatario.
El juez del STF Marco Aurélio Mello, anunció que en la reunión del máximo tribunal que se celebrará el próximo miércoles este pedirá incluir este tema en la agenda.
Con seis votos a favor y cinco en contra, en 2016 fue adoptada la normativa que permite detener a una persona condenada en segunda instancia, algo que parece contradecir a la Constitución de Brasil en su artículo 5 que establece: "Nadie será considerado culpable hasta la firmeza de la sentencia penal condenatoria".
Quienes abogan por el encarcelamiento anticipado lo hacen en nombre de la lucha contra la impunidad, porque los procesos suelen demorar meses o años hasta llegar a instancias superiores. Por su parte, los partidarios de modificar la norma invocan el respeto de la presunción de inocencia.
Si esta ley se modifica, todos los condenados en segunda instancia --que tienen aún posibilidades de apelar su fallo-- actualmente detenidos deberían beneficiarse de la medida y esperar en libertad el resultado de sus apelaciones ante el STJ o el STF. A menos que se haya decretado contra ellos la prisión preventiva por su peligrosidad, por riesgo de fuga o por interferir en los procesos.
"Hay la expectativa de que haya un cambio de interpretación que suspenda la pena, con un marcador de seis contra cinco. Ahí, la defensa de Lula necesita ingresar un recurso sobre la base de esa nueva interpretación", expresó el abogado del Frente Brasil de Juristas por la Democracia, Ney Strozake.
Si el STF declara legal la detención, Lula continuará en prisión para cumplir con la pena de 12 años y un mes que dictaminó el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región de Porto Alegre, emitida el pasado 24 de enero.
Por el momento, la presidenta del STF, Carmen Lúcia Antunes, no puso aún ese tema en la agenda del tribunal.