NUEVA YORK, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno estadounidense se felicitó este lunes de la puesta en libertad del preso político cubano Ariel Sigler Amaya, en delicado estado de salud y que forma parte del Grupo de los 75 detenidos durante la represión de la 'Primavera negra', y reclamó nuevamente la excarcelación "inmediata" de todos los presos de conciencia de la isla.
"Damos la bienvenida a la noticia de la liberación de Ariel Sigler y lo vemos como un paso positivo", señaló el portavoz del Departamento de Estado, P.J. Crowley, quien precisó que Washington espera que "esto lleve a la liberación de presos adicionales de conciencia".
La Administración de Barack Obama cree que "los prisioneros deberían ser puestos en libertad de forma inmediata e incondicional", subrayó el portavoz.
Así las cosas, Crowley dijo que Estados Unidos "respeta el papel positivo desempeñado por aquellos que están trabajando para mejorar el trato o la liberación de los presos políticos, incluida la Iglesia Católica".
En otro orden de cosas, el Departamento de Estado presentó este lunes su informe anual sobre el tráfico de personas. En el apartado dedicado a Cuba, se afirma que este país es "fuente de niños sometidos al tráfico de personas, especialmente a explotación sexual comercial dentro de la isla". No obstante, se reconoce que "el alcance del tráfico dentro de Cuba es difícil de medir, debido a la naturaleza cerrada del Gobierno y los escasos informes de ONG o independientes".
Según el Departamento de Estado, La Habana "no cumple plenamente los estándares mínimos para la eliminación del tráfico y no está haciendo esfuerzos significativos en este sentido", si bien reconoce como "paso positivo" que "compartió información sobre el tráfico de seres humanos y sus esfuerzos para combatirlo".
No obstante, el Gobierno "no prohibió todas las formas de tráfico (...) ni aportó pruebas específicas de que persiguió y castigó a los autores del tráfico, o aplicó políticas para la protección de las víctimas o programas para prevenir el tráfico de personas".
Así las cosas, el informe recomienda al Gobierno de Raúl Castro que "promulgue leyes que penalicen todas las formas de tráfico de personas; establezca provisiones legales para garantizar que las víctimas del tráfico con fines laborales o sexuales no son castigadas por delitos injustos" en relación a su estado de víctimas, y "garantizar que adultos y niños tienen acceso a una protección y asistencia adecuada para víctimas".
REACCIÓN DE CUBA
El Gobierno cubano rechazó inmediatamente este informe. En un comunicado, la directora de América del Norte del Ministerio de Exteriores, Josefina Vidal Ferreiro, calificó de "falsas e irrespetuosas las alegaciones" del Departamento de Estado y "la inverosímil inclusión de Cuba en la peor de sus categorías". Según la responsable cubana, "estas vergonzosas calumnias ofenden profundamente al pueblo cubano".
Vidal aseguró que "en Cuba no existe la trata sexual de menores, sino un desempeño ejemplar en la protección de la niñez, la juventud y la mujer" y subrayó que "la legislación y las medidas adoptadas en esta esfera nos colocan entre los países de la región con normas y mecanismos más avanzados en la prevención y combate a la trata de personas".
Por ello, el Gobierno cubano considera que las acusaciones sólo pueden explicarse por "la desesperada necesidad que tiene el Gobierno de Estados Unidos de justificar, con cualquier pretexto, la persistencia de su cruel política de bloqueo, rechazada abrumadoramente por la comunidad internacional".