OVIEDO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -
El profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Oviedo, Javier González Vega, sostuvo hoy que los españoles con intención de reclamar en el futuro bienes nacionalizados por la Revolución tienen "base jurídica" para hacerlo, aunque siempre "a título individual". La reclamaciones deberían de producirse una vez que haya un cambio político en Cuba, aunque González Vega reconoció que el éxito de las mismas es "incierto".
González Vega aclaró que sólo podrán reclamar aquellas personas que no hayan querido acogerse al Convenio entre el Reino de España y la República de Cuba suscrito el 16 de noviembre de 1986, donde se pactó una "indemnización global" como "liquidación y finiquito" de la indemnización de todos los bienes, derechos, acciones, e intereses de españoles afectados por leyes, disposiciones y medidas del Gobierno de Cuba desde 1 de enero de 1959 hasta la fecha del Convenio.
"Los que se acogieron al Convenio renunciaron voluntariamente a su derecho a cambio de una indemnización", señaló el profesor universitario. Sin embargo, señaló que hubo un buen número de personas que no quisieron acogerse al mismo por que consideraron las cantidades que se pagaban como "irrisorias". Añadió que en Asturias hay gente en esa situación, que está interesada en emprender acciones jurídicas una vez que cambie el régimen político.
Recordó la frase de Manuel Fraga con motivo de la firma de convenio cuando dijo que "se está pagando con caramelos", en alusión a las bajas cantidades que se les daba a los propietarios. Ese fue el motivo de que hubiese personas que no se acogieran al acuerdo y renunciasen a las indemnizaciones ofrecidas, con la esperanza de recuperar la propiedad una vez que cambie el régimen cubano.
"Con aquel acuerdo, España renunció a su derecho a reclamar las propiedades de sus nacionales en Cuba", dijo. No obstante, señaló que en Derecho "nadie da lo que no tiene y nadie renuncia a lo que no posee", lo que implica que los particulares siguen teniendo su derecho "intacto" y lo podrán hacer valer ante los tribunales cubanos.
Explicó que la lógica de la "protección diplomática" implica que los particulares litigan previamente por sí solos y que cuando ven que no encuentran satisfacciones en sus pretensiones puede recurrir al Estado para que le apoye. Con el Convenio, esta alternativa queda anulada, y los particulares tendrán que reclamar "por su cuenta y riesgo".
UN FUTURO INCIERTO
No obstante, dijo que el proceso que surja tras las reclamaciones jurídicas sobre los bienes nacionalizados, puede resultar "muy conflictivo" desde un punto de vista social, ya que hay personas que están viviendo en esas propiedades, y en caso de devolverse las mismas, se verían desahuciadas.
Además, señaló que el porvenir de las reclamaciones sería "incierto", ya que es más que probable que Cuba no pueda hacer frente, desde un punto económico, a las reclamaciones. Recordó que el proceso afectó a "miles de inmuebles" en toda La Habana.
Admitió que existen "dudas" de que incluso un Gobierno democrático en Cuba estuviese dispuesto a admitir esas reclamaciones. Puso como ejemplo dos edificios situados en el antiguo Paseo del Prado de La Habana. Por un lado el edificio del Centro Gallego, ahora denominado el Teatro García Lorca, y por otro, el Centro Asturiano, que ahora es el Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba. "¿Estaría el gobierno de Cuba dispuesto a entregar esos bienes emblemáticos?", se preguntó el profesor, resaltando que el coste de las devoluciones sería "muy alto".
Además, recordó que las indemnizaciones no sólo incluyen el perjuicio por la privación del bien, sino también el denominado "lucro cesante", que supone los intereses de la utilización del bien.
ESPERANZAS DE LOS CUBANOAMERICANOS
Sobre los particulares y empresas norteamericanas, que también tienen intención de reclamar bienes nacionalizados por la Revolución cubana, González Vega señaló que su situación es "muy distinta" a la de los españoles.
En primer lugar dijo que su país no sólo no reconoció las medidas de Cuba, sino que incluso está dispuesto a penalizar a los que se lucren con bienes derivados de comprar esas posesiones. "EE.UU. sí puede apoyar y presionar, al contrario que España, las reclamaciones de sus ciudadanos", dijo.