MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
La querella presentada en la Audiencia Nacional por el Comité de Ayuda a la Disidencia 2506 contra el presidente cubano, Fidel Castro, por delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad, torturas y terrorismo y que será estudiada el próximo jueves por el Pleno de la Sala de lo Penal, acusa a Castro de "implantar" desde su llegada al poder "el terror revolucionario" provocando, además de la muerte de nueve miembros de la Brigada 2506, secuelas psicológicas a cientos de opositores al régimen.
La Sala examinará el recurso presentado por la asociación querellante contra la decisión del juez central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz, de inadmitarla a trámite el pasado mes de febrero.
El magistrado tomó esta decisión al entender que el asunto era cosa juzgada puesto que ya se habían pronunciado sobre esos mismos hechos el Juzgado Central de Instrucción número 2 y la Sala de lo Penal, que archivaron dos querellas anteriores similares, presentados en esta ocasión por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
Sin embargo, la mencionada acusación recurrió, de forma que el asunto se encuentra ahora en manos de nuevo de la Sala de lo Penal, presidida por el juez Javier Gómez Bermúdez.
En su apelación el CAD 2506 indicaba que la Fiscalía de la Audiencia Nacional y el juez Pedraz daban la impresión, al rechazar la demanda, de "procurar garantizar a la dictadura castrista la inimputabilidad de los crímenes cometidos contra el pueblo cubano" y de "proteger y amparar a los criminales liderados por Fidel Castro".
REPRESIÓN
La querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, afirma que desde que Castro llegó al poder, el 8 de enero de 1959, comenzó "todo un mecanismo de represión de los derechos fundamentales y libertades públicas", mediante "la implantación de un terror revolucionario" a cuyo servicio se pusieron a trabajar varios organismos, como el Departamento de Seguridad del Estado, llamado la 'Gestapo Roja', el Ministerio del Interior, la Dirección General de Inteligencia y la Unidad Militar de Ayuda a la Producción, entre otros.
El escrito describe el sistema de encarcelamiento del régimen y las principales cárceles del país. Así, pone varios ejemplos de maltrato a presos políticos como el sucedido en la prisión de Boniato donde --dice la querella-- "para no ser violados por los presos comunes los políticos se embadurnan con excrementos".
Indica que desde 1959 más de medio millón de cubanos han pasado por los campos y centros de represión de Cuba. Se mencionan formas de tortura como la de privación del descanso y el sueño, alterar las horas de las comidas, propagar en los cuerpos de los reclusos insectos como chinches, pulgas o ladillas o obligar a los presos a desnudarse y formar filas en las que deben juntar sus cuerpos hasta provocar el contacto de las partes genitales.
Otro apartado de la demanda interpuesta es el de fusilamientos, cifrados entre 15.000 y 17.000 durante la dictadura castrista.
La querella acusa también a Castro y al ex ministro de Turismo Osmani Cienfuegos, de la muerte de 9 miembros de la Brigada 2506 el 20 abril de 1961. Un total de 149 personas --entre las que se encontraban los fallecidos-- fueron obligadas a subir a un camión de aluminio con forro interior de madera previsto para el transporte de mercancías que no contaba con orificios de respiración.
El vehículo viajó 11 horas hasta llegar a su destino. "Durante todos el tiempo que duró el trayecto los prisioneros no dejaban de suplicar que se abrieran las puertas y se les permitiera respirar", indica el escrito. A la llegada se comprobó que nueve de los prisioneros habían fallecido.
TERCERA QUERELLA
La querella, que recuerda la sentencia del Tribunal Constitucional que permite a la jurisdicción española perseguir los delitos de genocidio con independencia de la nacionalidad de las víctimas, es la tercera presentada en España contra el régimen de Castro.
La Fundación Nacional Cubano Americana presentó contra el presidente cubano una primera demanda el 5 de noviembre de 1998, que fue archivada por la Audiencia Nacional al entender que el Tribunal Supremo cuando revisó el genocidio del pueblo maya impuso la condición de que las víctimas fueran españolas para investigar los hechos.
Esta misma Fundación presentó en 2005 otra querella en la que pedía que se ordenara la detención, vía Interpol, de Castro y el resto de querellados en cualquier país al que se desplazaran, que fue también archivada por los mismos motivos que la anterior.