Publicado 12/06/2016 17:19

La Cumbre de Justicia boliviana aprueba la cadena perpetua para violadores

Ministra de Justicia Bolivia Cumbre Nacional de Justicia
ABI

   LA PAZ, 12 Jun. (Notimérica) -

   La Cumbre Nacional de Justicia de Bolivia aprobó este sábado la incorporación de la cadena perpetua para el delito de violación de niños y niñas seguida de muerte, según informó la agencia de noticias estatal 'Abi'.

   "Incorporar la pena de cadena perpetua para el delito de violación de niños y niñas seguida de muerte es la propuesta que fue aprobada y tuvo consenso en la Mesa 5", declaró el dirigente Kenny Morató.

   Además de esta medida, también fueron aprobadas el enfoque de la política criminal; gestión y prevención del conflicto; la disuasión o control; la normativa penal; la detención preventiva; la investigación y sanción penal; la ejecución de penas y las temáticas especiales del derecho penal.

   Asimismo, Morató sostuvo que en la normativa penal es importante "la compilación de los tipos penales en un solo código", además de aplicar la sumatoria de penas para delitos de alta relevancia social y casos de reincidencia.

   La Cumbre Nacional de Justicia Plural, celebrada en la ciudad de Sucre, concluyó este sábado con un acto protagonizado por la ministra de Justicia, Virginia Velasco.

   En su discurso, Velasco recordó que la Cumbre fue convocada para "reformar el deslucido sistema judicial, preso hace décadas de una corrupción casi generalizada".

"Hemos escuchado al pueblo porque la justicia no solamente es de los abogados, sino del pueblo. Hoy hemos estado unidos, vamos a revolucionar la justicia. Han salido las conclusiones de las seis mesas donde se va a incrementar en un corto, mediano y largo plazo", remarcó.

   Tras las reuniones, según la ministra, el siguiente paso es conformar una comisión para la implementación de las "importantes" conclusiones de la Cumbre y dijo que "el Estado se va a encargar" de esa tarea.

   Los temas principales del debate fueron la modalidad de elección de las altas autoridades del órgano Judicial; el acceso, la lentitud, corrupción e impunidad en la justicia; el régimen disciplinario y la formación para los funcionarios y abogados; los Derechos Humanos; la pluralidad y la desburocratización.