Actualizado 21/04/2015 22:54

Denuncia de Nisman a Cristina Fernández: crónica de una desestimación anunciada

Manifestación por la muerte del fiscal Alberto Nisman
Foto: MARCOS BRINDICCI / REUTERS

BUENOS AIRES, 21 Abr. (Notimérica) -

   El fiscal Germán Moldes, que impulsaba la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la AMIA, había denunciado una "maniobra de ingeniería judicial" para asignar el caso al fiscal Javier De Luca, perteneciente a la asociación judicial 'kirchnerista' Justicia Legítima, con el supuesto objetivo de frenar la imputación de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner.

   Finalmente, este lunes la Fiscalía de la Cámara Federal desestimó el recurso presentado por Moldes contra la decisión de este alto tribunal de apoyar el 'no' del juez Daniel Rafecas a imputar a Fernández de Kirchner por encubrir a los sospechosos iraníes del atentado contra la AMIA.

   "No quiero caer en alguna maniobra de ingeniería judicial, en alguna sincronización de tiempos, que haga que cuando mi recurso llegue a casación, me esté esperando con los brazos abiertos un fiscal militante de Justicia Legítima", dijo el pasado 27 de marzo el fiscal Moldes .

   El fiscal, que ya intuía las intenciones de algunos miembros de Tribunales, justificaba así la celeridad en el recurso contra la decisión de la Cámara de Casación, que con dos votos contra uno había desestimado la denuncia de Nisman.

   Efectivamente, los jueces de Casación que debían sortear a qué fiscal correspondía la denuncia, esperaron --sin justificación alguna-- hasta que el fiscal De Luca estaba de turno y entonces le asignaron la denuncia a él.

   Tras la decisión de De Luca, Moldes emitió unas duras declaraciones: "Estaba ciento por ciento seguro de que esto iba a suceder, no tenía ninguna duda. No había más que mirar cómo funciona este colectivo que disparatadamente lleva el nombre de Justicia Legítima".

   Acusó a Justicia Legítima de ser una organización cuyo "solo objetivo es obtener impunidad para los funcionarios acusados de casos gravísimos de corrupción".

   Además, reiteró que "la sincronización de tiempos para que interviniera este fiscal no fue coincidencia ni casualidad" y que "ya estaba decretado que éste era el que iba a poner la lápida, éste era el enterrador (de la denuncia), estaba identificado desde antes".

   De hecho, desde varios sectores que habían previsto esta situación alertaron también de que se habrían producido manejos políticos e intercambio de favores para que Casación desestimara el recurso de Moldes, influyendo en el voto de uno de los tres miembros.

¿CIERRE DEFINITIVO DE LA CAUSA?

   La diputada opositora y precandidata a presidenta del país, Elisa Carrió --famosa por sus polémicas declaraciones en contra del 'kirchnerismo'-- dijo que De Luca "es cómplice de un asesinato y de encubrimiento de una causa" y se mostró esperanzada en que "el caso se va a abrir de nuevo".

   En ese mismo sentido, el fiscal Moldes señaló que "esta es la justicia que se nos quiere dejar; yo no quiero formar parte de ella y tengo la ilusión de que alguna vez se revierta".

   Sin embargo, desde el Gobierno no sólo celebran la decisión de De Luca, sino que consideran que era la única decisión razonable, como el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, que tildó la denuncia y los recursos de "planteo ridículo y bochornoso".

    Aníbal Fernández insistió en ideas que ha venido repitiendo en los últimos tiempos sobre la denuncia de Nisman, a la que ha calificado también de "mamarracho jurídico" con la "vocación aviesa de ensuciar la figura de Cristina Fernández de Kirchner sin ningún tipo de asidero jurídico".

   Además, quiso remarcar que "hay un principio del Derecho que dice que no se puede juzgar dos veces por la misma causa", en referencia a que este sería el punto final para la denuncia por encubrimiento contra Fernández de Kirchner.

   Sin embargo, desde algunos círculos jurídicos han señalado que la causa podría reabrirse con el argumento de que fue desestimada de manera fraudulenta, la llamada "cosa juzgada írrita", doctrina que la Corte Suprema de Argentina ha avalado recientemente en causas de corrupción.