MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
El diputado venezolano José Guerra, presidente de la subcomisión presupuestaria, ha reiterado sus críticas contra la decisión del presidente, Nicolás Maduro, de aprobar los presupuesto generales para 2017 a través de un decreto ejecutivo, sorteando de esta forma la tramitación parlamentaria, y ha señalado que cualquier ejecución desde ahora será "ilegal".
Asimismo, ha advertido de que tomará acciones diplomáticas tras la aprobación de los presupuestos. "Se va a hacer un llamamiento a los organismos públicos ejecutores del gasto, a la tesorería nacional y a demás entes públicos", ha señalado, según recoge el Noticiero Venevisión.
Su objetivo es que "no ejecuten gastos basados en ese presupuesto", ya que estos serían ilegales. Además, ha asegurado que también apelará a las instituciones financieras "para que se abstengan de hacer operaciones de crédito público, porque el estado basado en el artículo 312 no podrá reconocer una deuda que no haya sido válidamente contraída".
Guerra ha pedido al presidente que recapacite y piense en el futuro económico del país, instándole a presentarse ante la Asamblea Nacional --controlada por la oposición desde el pasado mes de diciembre-- para aprobar el presupuesto.
"Queremos aprobar el presupuesto. Porque un presupuesto aprobado por el Tribunal Superior de Justicia no va a ser vigente, ni va a ser válido", ha reiterado.
Maduro dio este viernes el visto bueno a las cuentas públicas para el próximo año en el Congreso de la Patria, la asamblea ciudadana que ha designado en sustitución del auténtico Parlamento.
El líder 'chavista' ha justificado su desplante a los diputados venezolanos porque "estamos ante un Parlamento que ha destruido la moral y el prestigio del Poder Legislativo en tan solo nueve meses", según informa el diario local 'El Universal'.
Maduro se apoya jurídicamente en una sentencia dictada el pasado 11 de octubre por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que permite al Gobierno elaborar los presupuestos generales al margen del Parlamento, al que declara "nulo".
El presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina, ha insistido en que este fallo es inconstitucional y ha anticipado que la Mesa de Unidad Democrática (MUD) presentará una denuncia contra el TSJ por "usurpación de funciones".
El total asciende a 80.000 millones de bolívares (7.317 millones de euros), de los cuales el 73,6 por ciento se destinará a políticas sociales. "Este presupuesto es para hacer justicia y construir la igualdad. Hasta el último centavo es para el pueblo", ha destacado.
Maduro ha detallado que el 83 por ciento de los ingresos procederán de la recaudación fiscal, el 11,9 por ciento de las empresas públicas y el 3,2 por ciento de la renta petrolera, con una previsión de 30 dólares para el precio del barril de crudo.
CRISIS POLÍTICA
La crisis política en Venezuela se agravó con la victoria de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en las elecciones parlamentarias celebradas el pasado 6 de diciembre, que dieron lugar a una cohabitación inédita en el país, con el 'chavismo' en el Gobierno y la oposición en el Congreso.
Desde que la nueva Asamblea Nacional comenzara su andadura, el pasado 5 de enero, Maduro ha vetado numerosas iniciativas legislativas, incluida la Ley de Amnistía, con el apoyo del Tribunal Supremo, al que la Constitución encarga la tarea de dirimir los conflictos institucionales.
Ante esta situación de parálisis, la MUD ha activado el mecanismo constitucional para celebrar un referéndum con el que los venezolanos decidan si revocar o no el mandato presidencial de Maduro antes de que expire oficialmente, en 2019.