SANTIAGO DE CHILE, 12 Ago. (Notimérica) -
Un informe que revela los resultados obtenidos por el Poder Judicial en relación a las resoluciones de los últimos cinco años ha sido publicado este jueves, en el marco del Centro de Justicia de la capital, Santiago de Chile.
Iniciado en agosto del pasado año por el entonces presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, el Tablero Penal, pone en evidencia la labor de los tribunales del país, una forma de ejercer una política de transparencia de libre acceso a disposición de la ciudadanía.
Su análisis es objeto de diferentes conclusiones. Sin embargo, la primera y principal de ellas es la alarmante cifra de causas iniciadas por el Ministerio Público que no han sido juzgadas y cerrados en su totalidad durante estos años.
De esta forma, en el pasado año se registraron 854.693 casos aplicados en los tribunales chilenos, de los cuales un total de 551.830 no tuvieron como resultado una sentencia condenatoria. Así, el 64,5 por ciento de las causas no iniciaron sus trámites, lo que equivale a que dos de cada tres que no fueron condenados.
De ese total, fueron 250.000 los casos suspendidos por falta de pruebas u otras causas para la acusación, según las cifras del Poder Judicial indicadas por el diario local 'La Tercera'. Sin responsabilidad penal, se cerraron los procesos y los imputados fueron absueltos de sus correspondientes delitos.
A esta suma se añaden 278.000 causas resueltas sin condena por parte del Ministerio Público debido a distintos fundamentos, como no perseverar contra el caso, la aplicación del principio de oportunidad o la no iniciación de su investigación.
Por otro lado, fueron 83.000 las multas en casos de falta asociadas a procedimientos del tipo monitorio y 171.812 los procesos penales que tuvieron como resolución la imposición penal.
Ante la poca presencia de las correspondientes sentencias condenatorias que deberían haberse llevado a cabo en relación al número de sobreseimientos, el ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, ha indicado que "el problema es que el sistema no está diseñado para castigar necesariamente a todo el mundo, sino para castigar cuando se establezca de manera fehaciente la ocurrencia del delito y la participación de una persona determinada".
Además, para contrarrestar la posición del órgano jurisdiccional que representa, Cisternas ha señalado que "la Constitución y los tratados internacionales dicen que el proceso debe garantizar los derechos de las personas" ya que la Corte toma en cuenta el "cómo" y no el resultado" de estos juicios de forma que "el cómo significa reconocer el derecho de las personas inculpadas".
Estos comentarios no son compartidos por el senador del partido de centro-derecha Renovación Nacional Alberto Espina, quien ha indicado que "es impresentable que dos tercios de los delitos no tengan condena" porque ello tiene como consecuencia el "perjuicio directo contra las víctimas". Además, ha aseverado que "el principal deber del Estado es proteger al afectado".
DESGLOSE DE LOS CASOS
Las cifras recogidas por la estadística del Poder Judicial siguen la misma línea que las tendencias registradas en 2015. Es así como 114.538 de los casos inscritos entre los meses de enero y junio han tenido en su mayoría el término de causa de sobreseimiento definitivo.
En este debate, ha querido participar el senador del Partido por la Democracia Felipe Harboe, quien ha propuesto la revisión de los elementos de cada prueba para no enjuiciar las causas a priori y respaldar con hechos la impunidad de los procesados.
También lo ha hecho la directora del área de Justicia y Reinserción de la Fundación Paz Ciudadana, Ana María Morales, que ha dicho que "sería importante desglosar dentro de las sentencias condenatorias el porcentaje que corresponde a las multas, las penas sustitutivas y las penas privativas de libertad".
En funcionamiento de la Corte Suprema de nuevo ha quedado en entredicho cuando se han declarado un total de 1.393 detenciones ilegales registradas en el año 2010. Este número ha ido incrementando hasta llegar a 2.637, de manera que el porcentaje ha aumentado en un 89 por ciento.
Sin embargo, Cisternas ha vuelto a salir en defensa de la labor de los tribunales asegurando que "la comunidad, al estar muy sensible al asunto, suscita muchas veces la reacción inmediata de la policía y eso puede causar una detención que es calificada como ilegal".