Afirma que no se puede "judicializar" la lucha contra el terrorismo y acusa a Quito de violar el Derecho Internacional
BOGOTÁ, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, manifestó anoche que la orden de detención del ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos emitida por un juez ecuatoriano por la operación en el país vecino contra el campamento del guerrillero Raúl Reyes es "una amenaza a los colombianos" porque se quiere juzgar a quienes luchan contra el terrorismo.
Tras su regreso a Colombia desde Panamá, donde había asistido a la toma de posesión del nuevo presidente Ricardo Martinelli, Uribe acusó a Ecuador de violar el Derecho Internacional, y sugirió que la orden de arresto es parte de una estrategia política y jurídica del "terrorismo".
El juez de la Sala Primera de lo Penal de Sucumbíos, Daniel Méndez, ordenó el pasado lunes la detención de Santos tras acusarle de coordinar el bombardeo del 1 de marzo de 2008 contra el campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ubicado en Ecuador junto a la frontera, en el que murió el ex líder guerrillero.
El fiscal Carlos Jiménez, uno de los encargados del caso, alegó que Santos coordinó y dispuso el ataque al campamento de las FARC, llamado Operación Fénix, provocando la muerte de un total de 25 personas y violando la soberanía territorial de Ecuador, que en ningún momento autorizó la incursión militar colombiana.
Jiménez indicó que las pruebas contra Santos, quien renunció a su cargo en mayo para aspirar a la Presidencia colombiana, están en los informes de los organismos internacionales, los Ejércitos y las Policías ecuatoriano y colombiano, en publicaciones de los medios y en los informes elaborados por organismos de Derechos Humanos.
Para el presidente colombiano, no se puede "judicializar" la libertad de luchar contra grupos al margen de la ley y tampoco se puede promoveer el terrorismo, aunque no se refirió a ningún gobierno en concreto.
"No podemos permitir, apreciados compatriotas, que se judicialice la libertad. No podemos permitir que la guerra política y jurídica del terrorismo prive a los colombianos del derecho a recuperar la seguridad", señaló Uribe.
Así lo subrayó tras reunirse con los altos mandos militares; el fiscal general, Mario Iguarán; el director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) --servicio secreto--, Felipe Muñoz; y representantes del Ministerio de Exteriores para analizar la defensa que el Gobierno hará del ex ministro de Defensa.
"No se puede, en nombre de la justicia, proponer acciones contra aquellos que legítimamente defienden la humanidad, asumiendo decisiones y operaciones contra el terrorismo... Si no se hubiera actuado contra ese campamento de 'Raúl Reyes', no se hubieran creado las condiciones para liberar a Ingrid Betancourt, para liberar a los tres norteamericanos y para liberar a los otros rehenes", añadió.
"ESTRICTA OBSERVANCIA DEL DERECHO INTERNACIONAL"
En un comunicado, el Ejecutivo colombiano alegó también que la Operación Fénix "se fundamentó en una decisión política adoptada por el Gobierno, en el marco de la lucha mundial contra el terrorismo", bajo la cual "se ejecutó una operación militar contra un objetivo legítimo, con estricta observancia del Derecho Internacional Humanitario".
Para el Estado colombiano, "el proceso judicial adelantado en el Ecuador contra altos funcionarios colombianos, con ocasión de la operación militar antiterrorista, vulnera diversas normas y principios de Derecho Internacional".
"Por esta razón, Colombia expresa categóricamente la falta de jurisdicción del Estado ecuatoriano en relación con la presunta responsabilidad individual o personal de cualquiera de los servidores o funcionarios públicos que intervinieron en la Operación Fénix", concluyó.