QUITO, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha entregado a la Corte Constitucional las diez preguntas que serán sometidas a referéndum en el marco de la reforma de la Constitución que pretende llevar a cabo, sobre todo en el ámbito judicial con la creación de algunos delitos y de la comunicación, con la implementación de sistemas de control de los contenidos.
El mandatario instó al presidente de la Corte Constitucional, Patricio Pazmiño, a acelerar el proceso de estudio del decálogo de propuestas que, una vez aprobadas por este órgano, deberán someterse a referéndum. En el caso de las iniciativas aceptadas en la votación popular, comenzará la reforma de la Carta Magna para su inclusión en la misma.
"Quisiéramos escuchar la opinión del pueblo y obedecer el mandato que nos dé en las urnas. El país no tiene más tiempo que perder y es necesaria la consulta brevemente. La decisión está en el pueblo ecuatoriano", dijo Correa.
Por su parte, Pazmiño se comprometió a analizar con la mayor celeridad posible las propuestas del Ejecutivo, estableciendo un plazo máximo de 45 días para dar a conocer la valoración del órgano que preside. "Este es uno de las más trascendentales desafíos que tiene la Corte Constitucional", apuntó.
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El decálogo redactado por el Gobierno está dividido en dos partes: una primera con cinco propuestas para la reforma de artículos ya existentes en la Carta Magna; y una segunda con cinco iniciativas novedosas no contenidas en este texto.
El primer grupo contempla la modificación del régimen de prisión preventiva; la creación de una Comisión Técnica que reestructure el sistema judicial y el Consejo de la Judicatura, órgano encargado del control interino de este poder; y limitaciones a la diversificación del negocio para los medios de comunicación y entidades financieras del país.
El segundo propone la creación de un delito de enriquecimiento injustificado en el sector privado y otro por la no filiación de los trabajadores a la Seguridad Social; la de un órgano dedicado a controlar los contenidos divulgados por los medios de comunicación; y la prohibición de las salas de juego y los espectáculos en los que se mate a animales por diversión.