QUITO, 3 May. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha invitado al ex magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón a formar parte del grupo de observadores internacionales del proceso de reestructuración del sistema judicial que podría llevarse a cabo en esa nación sudamericana, en caso de que la propuesta sea aprobada en un referéndum que se celebrará el próximo sábado.
Correa ha extendido también esta invitación a la senadora chilena Isabel Allende, hija del fallecido presidente Salvador Allende, quien ya habría confirmado su participación como observadora. "Probablemente Baltasar Garzón también lo sea, eso nos garantizará en gran medida que vaya gente buena, honesta, a las Cortes", ha comentado el mandatario ecuatoriano en declaraciones citadas por la agencia oficial Andes.
Unos 11,2 millones de ecuatorianos están convocados el sábado 7 de mayo a votar en la consulta popular en la que someterá a consideración la enmienda de varios artículos de la Constitución y otros asuntos de interés general. Una de las preguntas plantea la reestructuración del sistema judicial a fin de mejorar la seguridad.
El objetivo es lograr que el Poder Judicial sea completamente independiente del gobierno de turno y que el Consejo de la Judicatura que realice un seguimiento a los magistrados y establezca sanciones cuando lo considere pertinente.
Sobre el último punto, Correa ha reconocido que ha sido "un desastre" que durante la primera gran reforma de la Constitución hace un par de años se haya establecido un Consejo de la Judicatura de nueve miembros. "En eso hubo un error y debemos tener la humildad de decirle al pueblo ecuatoriano: disculpen, nos equivocamos", ha expresado.
El referéndum consta de diez preguntas, de las cuales cinco son enmiendas a siete artículos de la Constitución y las otras abarcan cuestiones generales. Entre los otros temas que se someterán a consulta figuran la prohibición de algunos juegos de azar, la suspensión de espectáculos en los que se maltraten animales, la regulación del enriquecimiento ilícito y el control estatal de algunas actividades de los medios de comunicación.