QUITO (Reuters/EP) - Ecuador dijo el martes que la petrolera francesa Perenco incumplió una disposición legal al pretender suspender la producción de sus áreas concesionadas, por lo que el presidente izquierdista Rafael Correa estudia la situación jurídica de la firma en el país andino.
Quito tomó la semana pasada el control de las operaciones de los bloques de Perenco ante una amenaza de suspender la producción, en medio de una disputa tributaria pendiente.
"Para el Estado ecuatoriano, Perenco ha ordenado la suspensión de actividades de los campos, lo cual contraviene una disposición (...) que prohibió esa suspensión", dijo el ministro de Petróleos, Germánico Pinto, a periodistas.
"Antes esta actitud y el despido masivo de los trabajadores, estamos evaluando las implicaciones legales (...) En términos jurídicos estamos analizando la decisiones de la firma", agregó al negar que se trate de una "expropiación" de los campos como ha señalado la petrolera.
La estatal Petroecuador actualmente opera los campos de Perenco, de los que extrae unos 22.000 barriles diarios (bpd), con el apoyo de los trabajadores contratados por la firma en el país, quienes fueron despedidos ante su negativa de suspender el bombeo del crudo.
La pugna entra el socio más pequeño de la OPEP y la petrolera se originó por una deuda pendiente de 350 millones de dólares que mantiene la firma con el país, por la vigencia de una ley que obligaba a entregar el 99 por ciento de ingresos extras por altos precios del crudo.
Para cobrarse la deuda, Correa decidió retener la participación en la producción de los campos que tenía Perenco, que aseguró llevará el reclamo ante un tribunal arbitral adscrito al Banco Mundial, donde mantiene una demanda contra el país por la ley petrolera.
"No tenemos control de los campos. Los campos, contractualmente, son de Perenco. Lo que hemos hechos es poner en marca mecanismo para asegurar la continuidad de la producción", insistió Pinto.
Perenco ha reconocido que perdió el control de los campos y ha dicho que luchará por una compensación por las acciones emprendidas por el Gobierno ecuatoriano.