Actualizado 17/12/2013 21:26

Ecuador lleva a la justicia el primer caso de delito de lesa humanidad

Corte de Justicia de Ecuador
Foto: FISCALÍA

QUITO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La jueza de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador Lucy Blacio dictó este martes una orden de prisión preventiva contra tres altos oficiales en servicio pasivo por supuestos actos de tortura y desaparición forzosa ocurridos hace casi tres décadas, en el primer caso de delitos de lesa humanidad que se judicializa en el país.

   La resolución de la jueza dispone el arresto domiciliario de otros siete coroneles y generales, y la prohibición de enajenar bienes a todo el grupo de militares y policías acusado por la Fiscalía del Estado de delitos de lesa humanidad.

   Los militares y policías en servicio pasivo, cuyas edades actuales van de entre 58 y 81 años de edad, son acusados de haber participado en torturas, desapariciones y violencia sexual contra tres ex miembros de un grupo armado, que se autodenominaba de izquierda revolucionario y marxista-leninista.

   Tras seis horas de audiencia de formulación de cargos, la jueza acogió el pedido de la Fiscalía y dio paso a la instrucción fiscal por el presunto delito de lesa humanidad.

   La etapa de instrucción fiscal durará 90 días, tiempo en el cual la Fiscalía reforzará su argumentación legal que compruebe la existencia del delito de lesa humanidad (tortura, violencia sexual y desaparición forzada).

   Las medidas adoptadas por la jueza forman parte de la instrucción fiscal, una etapa de investigación previa al inicio de un juicio penal en contra de los militares retirados, que podría tardar años antes de una sentencia definitiva. Dos de los acusados estarían fuera del país, según medios locales, informa Reuters.

   Para Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General del Estado, quien presentó el caso en la audiencia, esto significa "un gran salto en la justicia del Ecuador, luego de 28 años de impunidad".

   Para asegurar la comparecencia de los procesados en la etapa de juicio, la jueza aceptó el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva contra E.V., L.P. y F.R. Mientras que el arresto domiciliario lo ordenó para J.A., M.D., J.R., M.A., N.E. y G.R. Entre tanto para C.J. no dictó medida cautelar que prive su libertad por su estado de salud, pero tiene prohibido salir del país.
  
HECHOS IMPUTADOS

   La supuesta tortura se habría producido en 1985 en un cuartel militar a las afueras de Quito, luego de que los ex integrantes del grupo Alfaro Vive Carajo fueron detenidos de forma arbitraria por uniformados del Ejército al norte del país, según la Fiscalía.

   En la formulación de cargos el Fiscal General hizo un recuento de lo sucedido el 10 de noviembre de 1985, cuando L.V., S.C., y J.J. fueron detenidos en Esmeraldas por militares que les pidieron sus identificaciones y sin ninguna razón u orden judicial, se los llevaron al cuartel Batallón Montúfar.

   Luego las víctimas fueron trasladadas al Batallón de Inteligencia Militar (BIM) ubicado en Conocoto, Pichincha.

   Pese a que las autoridades del Estado negaban haber detenido a los tres ciudadanos, a través de reportes de inteligencia se conoció que los mencionados fueron detenidos, dijo Galo Chiriboga.

   S.C. y J.J. estuvieron arrestados durante 15 días, tiempo en el cual recibieron torturas físicas, psicológicas y sexuales. Posteriormente fueron liberados.

   Mientras tanto, L.V. continuó secuestrado y en situación de desaparición forzada durante 3 años. Eliminaron su registro de filiación en el Registro Civil y fue liberado a mediados de 1988.

INFORME DE UNA COMISIÓN

   La acusación en contra de los oficiales en retiro se fundamentó en un informe de una comisión integrada por el presidente Rafael Correa para investigar supuestas violaciones de derechos humanos en la década de 1980, durante el mandato del fallecido presidente León Febres Cordero.

   Los abogados defensores pidieron retirar la orden de prisión, aunque no obtuvieron resultados. Algunos integrantes del grupo Alfaro Vive Carajo, disuelto hace varios años atrás, han ocupado cargos en el Gobierno de Correa.

   A la diligencia asistieron Luisa Ortega, fiscal General de Venezuela; representantes de la Corte Suprema de Panamá; Guillermo Fernández, alto comisionado de las Naciones Unidas, y autoridades ecuatorianas.