El Gobierno ecuatoriano pide vencer "la criminalización" de la figura del inmigrante en tiempos de crisis
MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Secretaría Nacional del Inmigrante del Gobierno ecuatoriano (SENAMI) cifró este martes en unos 3.000 los inmigrantes ecuatorianos que se vieron obligados a regresar en 2008 de España a su país por la crisis económica, acogiéndose al Plan 'Bienvenido a Casa' impulsado hace dos años por el Ejecutivo de Quito para facilitar su regreso.
El representante de la SENAMI en España, Óscar Jara Albán, consideró que estas cifras demuestran que, pese a la crisis, "no ha habido un retorno masivo" de ecuatorianos a su país de origen.
El representante de Asuntos Migratorios de SENAMI, Juan Pérez, recordó que aunque el desempleo afecta actualmente en España al 28 por ciento de los inmigrantes, es decir, nueve puntos porcentuales más que a la población española, no cabe inferir que este 28 por ciento "se va a regresar" a sus países de origen.
"No es muy elevado el número de ecuatorianos que voluntariamente quiera regresar a Ecuador", confirmó, pese a admitir que la incidencia de la crisis hace que "el retorno pueda llegar a ser considerable".
En cualquier caso, Pérez subrayó que "en situación de crisis, hay un fantasma que vencer" como es, a su juicio, "la criminalización" de la figura del inmigrante dado que "se tiende a tomarla como chivo expiatorio".
Precisamente, con el objetivo de contribuir a promover los derechos de los inmigrantes en nuestro país, representantes de la SENAMI se han reunido esta mañana en la Casa de América con representantes de 24 organizaciones sindicales, universidades, ONG y asociaciones civiles españolas y ecuatorianas, explicó Jara Albán.
Las partes se han comprometido a crear tres grupos de trabajo para, en primer lugar, analizar "la realidad actual" de la comunidad inmigrante ecuatoriana en España a fin de conocer "cuáles son las necesidades que están experimentando", explicó Pérez.
El segundo grupo de trabajo se centrará en promover una mejor información de los derechos de los inmigrantes en nuestro país para que, de esta manera, aumenten su "capacidad de incidir" en la sociedad de acogida, mientras que el tercer grupo de trabajo conjunto buscará garantizar la incidencia de los inmigrantes en "los procesos normativos" en España y en la Unión Europea.
En este sentido, Jara Albán admitió que las distintas organizaciones presentes, incluidas las Universidades Autónoma de Madrid, la Politécnica y representantes sindicales de Comisiones Obreras y UGT, se han comprometido a trabajar para mejorar la actual redacción del proyecto de reforma de la ley de Extranjería española, actualmente en trámite parlamentario, con el objetivo de garantizar "un proyecto de ley mucho más inclusivo para los derechos de los inmigrantes" en España.
Pérez reconoció que las distintas organizaciones reunidas esta mañana han admitido su "preocupación" ante lo que consideran "ciertas medidas restrictivas" que van "en sentido contrario" al avance en los derechos de los inmigrantes, especialmente en lo que el proyecto de reforma de la ley se refiere a las condiciones para solicitar la reagrupación familiar y la extensión hasta los 60 días del periodo de internamiento de los inmigrantes, previo a su expulsión del país.