QUITO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
Ecuador ha rechazado este viernes las afirmaciones de los relatores especiales de Naciones Unidas, David Kaye, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, con las que acusan al Gobierno de Rafael Correa de "intervenir de manera indebida en el contenido de los medios de comunicación" recurriendo a la Ley Orgánica de Comunicaciones, que entró en vigor en 2013.
En un comunicado, difundido desde el Ministerio de Relaciones Exteriores del país, el Gobierno de Ecuador ha reiterado su "profundo compromiso" con los Derechos Humanos y ha rechazado "todas las aseveraciones" de Lanza y Kaye "sobre la promoción del derecho a la libertad de opinión y de expresión de las Naciones Unidas".
En este sentido, ha reiterado que Quito sigue lamentando que, "a pesar de haber proporcionado siempre a estas relatorías toda la información sobre el respeto del derecho a la comunicación" que existe en Ecuador "se insiste en manipular los procedimientos de derechos humanos con fines políticos".
"Acciones como estas únicamente contribuyen a aumentar el descrédito de estas instancias y afectan la real protección de los Derechos Humanos", ha denunciado el Gobierno.
La cartera que dirige Guillaume Long ha tildado de "lamentable" que dichas relatorías repitan "los mismos puntos y en el mismo lenguaje de los últimos informes de la CIDH" y ha pedido al relator de la ONU que tenga "más cuidado a la hora de poner su firma en este tipo de documentos.
Asimismo, ha pedido a ambas relatorías que "revisen toda la información remitida por el Estado ecuatoriano" y ha reiterado su petición para que todas estas "imprecisiones, omisiones y errores detectados sean rectificados públicamente y a la mayor brevedad".
Kaye y Lanza han denunciado que la Ley Orgánica de Comunicaciones tiene carencias en cuanto a contenido jurídico preciso y que su aplicación "inhibe gravemente la libertad de expresión y de opinión en el Ecuador".
Por ello, han instado a ajustar esta normativa a los estándares internacionales, ya que "toda restricción legal al derecho a la libertad de expresión debe ser lo suficientemente clara y precisa para evitar su aplicación discrecional y arbitraria".