QUITO, 23 May. (EP/AP) -
El Gobierno ecuatoriano consideró "no procedente" la demanda por la petrolera estadounidense Occidental ante un tribunal internacional contra Ecuador, por terminar unilateralmente su contrato de operaciones en el país, dijo el lunes el procurador de la nación, José Borja.
La defensa ecuatoriana sostendrá esta premisa ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, organismo al que recurrió Occidental para que Ecuador le restituya el yacimiento (Bloque 15) retirado y le pague una compensación por 1.000 millones de dólares.
Occidental demandó a Ecuador amparándose en el tratado de inversiones firmado entre Ecuador y Estados Unidos en 1993.
Borja explicó que "no cabe la aplicación del tratado y no procede el arbitraje" porque en el artículo 8 de ese tratado se expresa claramente que "el presente tratado no menoscabará las leyes, los reglamentos, las prácticas y los procedimientos administrativos y los fallos administrativos y judiciales de cualquiera de las partes", señaló.
La semana pasada, Ecuador declaró la finalización forzosa del contrato con Occidental acusándola de incumplimientos contractuales y ha defendido su decisión explicando que la tomó cumpliendo el debido proceso y en estricto apego a la ley.
" Ecuador asumirá una defensa adecuada dentro de la dignidad y soberanía. Yo tengo la convicción de que el trámite administrativo concluyó con un fallo dentro de la justicia", enfatizó Borja en una entrevista con la cadena de radio FM Mundo.
Aclaró que incluso "de conformidad con el contrato (entre el estado ecuatoriano y Occidental) no cabe otra instancia" judicial para solucionar conflictos entre las partes.
El abogado del estado aseveró que al CIADI "le corresponderá avocar conocimiento de la causa o no". Si acepta la causa "deberá notificarse para que el Ecuador designe a un árbitro y los representantes de las partes designan al presidente" del arbitraje.
"No he recibido ninguna convocatoria del CIADI", puntualizó.
Por otro lado, la compañía Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) que opera uno de los dos oleoductos que atraviesan el país, aclaró el lunes que la decisión de Ecuador de declarar la caducidad del contrato con Occidental "no tiene ningún efecto sobre la estructura accionaria" entre la compañía estadounidense y OCP.
En un comunicado informó que Occidental mantiene el 14,15% de las acciones del OCP, un oleoducto privado con capacidad de transporte de 450.000 barriles diarios.