Por Alexandra Valencia
LLOA, Ecuador (Reuters/EP) - Norma Ulcuango, una indígena ecuatoriana de 35 años, aún no logra entender por qué las tierras donde cuida a diario decenas de ovejas serán de su propiedad, sin haber destinado ni un sólo dólar o realizado algún trámite para adquirirlas.
Desde el amanecer, la mujer -ataviada con ropa de lana para protegerse del viento que corre en el páramo andino- pastorea unos 250 animales en la hacienda Concepción de Monjas de más 400 hectáreas, enclavada en las faldas del volcán Pichincha, un trabajo por el que percibe un salario de unos 120 dólares.
En los próximos meses, pasará -junto a otros 100 indígenas- a ser dueña de la tierra, las ovejas, de una vivienda y hasta duplicará sus ingresos.
"Está muy bueno que ahora seamos dueños. Aún no entiendo bien cómo será, pero me parece muy bueno", dijo Ulcuango mientras evitaba que las ovejas se escaparan de los corrales, ubicados a unos 3.100 metros de altura.
Los beneficios para los campesinos e indígenas forman parte de los planes del presidente izquierdista Rafael Correa para distribuir las tierras improductivas a estos sectores excluidos, siguiendo los pasos de sus aliados en Venezuela, Hugo Chávez, y en Bolivia, Evo Morales.
En una primera etapa serán entregadas unas 10.370 hectáreas repartidas en 35 haciendas que han estado en manos del Estado por décadas debido a incautaciones a bancos quebrados y narcotraficantes.
"Es una revolución agraria. No reforma, sino revolución porque estamos hablado de los tres componentes: tierra, asistencia técnica y crédito para los campesinos", dijo el director del Plan de Hacienda del Gobierno, Leonardo Corral.
Posteriormente, el proyecto se extenderá a tierras no cultivadas de propiedad de las Fuerzas Armadas y a haciendas en manos privadas, aún no cuantificadas.
TIERRA MAL DISTRIBUIDA
El objetivo de Correa, quien asumirá un nuevo mandato el próximo mes, es entregar la tierra a asociaciones integradas por personas que trabajan en las haciendas para que desarrollen, con asistencia estatal, proyectos agrícolas, de crianza de animales y de ecoturismo.
En el Ecuador casi el 48 por ciento de los pequeños propietarios tiene el 2 por ciento de la tierra agrícola y el 3,3 por ciento de los grandes concentra casi el 43 por ciento de las extensiones productivas, según datos oficiales.
Ulcuango y sus socios, quienes por años han trabajado tierras privadas en el valle de Lloa, al oeste de Quito -una de las zonas ganaderas más ricas- comprarán la hacienda a un precio social con un crédito estatal.
Además recibirán recursos para aumentar la producción de ovejas a unas 3.000 cabezas y desarrollar actividades de agroindustria, los mismos que serán cancelados con ingresos que genere la comercialización de los animales.
El costo del plan total será de 45 millones de dólares.
Las metas del Gobierno son más ambiciosas y a partir del 2010 planea expropiar tierras privadas no cultivadas durante dos años y que en su mayoría, según Correa, son usadas como una "mercancía y no como un medio de producción".
Las autoridades aún no han definido los parámetros para seleccionar a las tierras a expropiarse, pero uno de los factores podría ser la titularización de las mismas, como lo ha hecho Chávez en Venezuela desde el 2005.
Más del 40 por ciento de la tierra ecuatoriana carece de títulos de propiedad.
DUDAS Y MAS DUDAS
El Gobierno conformó una comisión para realizar un catastro de las hectáreas improductivas, pero en esta situación existen extensiones de propiedad de asociaciones de pequeños y medianos productores que por falta de crédito o de canales de riego sólo las cultivan parcialmente.
Varios sectores han pedido incluir a todos los casos para determinar las expropiaciones y dotar a los nuevos dueños de tecnología y financiamiento, a fin de evitar que sólo se quede en una entrega de tierras como pasó en las reformas agrarias de 1964 y 1973 aplicadas en el país andino.
"Se debe hacer en la forma más técnica y profesional y no dejar que se preste a manejos subjetivos de cualquier funcionario", dijo el presidente de la Cámara de la Agricultura de la Primera Zona, Bolívar Cevallos.
El gremio tampoco confía en que la nueva distribución de la tierra permita diversificar la producción agrícola en el país o asegurar la soberanía alimentaria, como argumenta el Gobierno.
Para las autoridades, con los nuevos actores se podrá cumplir con la disposición de una reciente ley que obliga al Estado a fomentar la producción, conservación, intercambio y el consumo de alimentos cultivados por organizaciones campesinas.
"La productividad y la eficiencia está en manos privadas", concluyó Cevallos.