QUITO, 8 Oct. (EP/AP) -
El ex ministro de Economía, Mauricio Pozo, dijo hoy que el nuevo decreto del presidente, Rafael Correa, que afecta al reparto de los beneficios extraordinarios de las petroleras es "una decisión de prueba de fuerza". Por su parte, el catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Simón Pachano, afirmó que "en principio es una decisión justa de Ecuador".
El ex ministro de Economía, Mauricio Pozo, dijo a AP que la decisión de Correa va en la dirección donde "lo político pesa mucho más que el razonamiento en las decisiones" y señaló que no tiene "la menor duda que es una decisión de prueba de fuerza".
Pozo destacó que Correa "pudo haber logrado lo mismo en un proceso de renegociación uno a uno, pero optó por un mecanismo más radical y esto, en términos de inversión extranjera segura, le genera un problema al país, porque el 95 por ciento de la inversión extranjera en Ecuador es del área petrolera".
Añadió que ningún inversor "va a sentirse seguro en un país donde no hay una política abierta para encontrar soluciones, sino que cuenta con la fuerza política de los votos para tomar decisiones unilaterales".
Pachano afirmó que "en principio es una decisión justa de Ecuador, es una decisión que el Gobierno puede tomarla soberanamente" aunque señaló que "el problema está en la forma en que se ha hecho".
Destacó que tradicionalmente los ecuatorianos para negociar con las empresas petroleras han sido "muy débiles, muy temerosos de las consecuencias, ahora se toma una medida firme, y parece una decisión radical".
El jueves pasado, el presidente dispuso en un decreto una nueva fórmula que afecta a las "ganancias extraordinarias" de las empresas derivadas de los altos precios del petróleo en el mercado internacional.
La nueva fórmula del Gobierno señala que tales ganancias deben ser en un 99 por ciento para el Estado y en un uno por ciento para las empresas, lo cual afecta a las cantidades adicionales pactadas en los contratos suscritos en la década de los 90.
Entre las compañías más importantes que se han visto afectadas figuran la hispano-argentina Repsol-YPF; la estadounidense City Oriente; la brasileña, Petrobras; la francesa, Perenco; la china, Andes Petroleum; y la coreana, Canadá Grande.
La nueva disposición permitirá al Estado ingresos no programados por 69 millones de dólares (49 millones de euros) mensuales a partir de noviembre y un total anual de 828 millones de dólares (589,5 millones de euros). El petróleo es el principal producto de exportación de este país, que diariamente produce alrededor de 514.000 barriles de crudo.
En su habitual alocución de los sábados en una cadena de radio, Correa advirtió que "si empiezan a molestar, hago un nuevo decreto diciendo que el 100% de esa utilidad extra es para el estado".