Actualizado 12/04/2011 00:05

El vicepresidente del Consejo Electoral viaja a España para supervisar los colegios electorales

QUITO, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE), Carlos Cortez Castro, viajará a España el próximo miércoles para revisar los colegios electorales a los que acudirán los ecuatorianos que viven en este país y participen en el referéndum del próximo 7 de mayo.

Cortez se reunirá con los embajadores de Ecuador en Madrid, Murcia, Valencia y Barcelona, ciudades en las que se concentra el mayor numero de los 359.076 ciudadanos ecuatorianos que residen legalmente en España, según informó la Embajada ecuatoriana en Madrid.

También tiene previsto encontrarse con miembros de la colectividad ecuatoriana para explicarles el sentido de la consulta popular, el contenido de las preguntas planteadas y la facultad de ejercer de forma voluntaria su derecho al voto.

En total son 110.464 los ecuatorianos residentes en España que pueden votar el próximo sábado 7 de mayo, en la que deberán pronunciarse por diez preguntas, de las cuales cinco conciernen a enmiendas de la Constitución mientras que las restantes se refieren a temas diversos.

El voto en Ecuador es obligatorio para los mayores de 18 años y menores de 65, pero su ejercicio es voluntario para quienes viven fuera del país, así como para los militares y policías.

CONTENIDO DE LA REFORMA

El decálogo redactado por el Gobierno está dividido en dos partes: una primera con cinco propuestas para la reforma de artículos ya existentes en la Carta Magna y una segunda con cinco iniciativas novedosas no contenidas en este texto.

El primer grupo contempla la modificación del régimen de prisión preventiva; la creación de una Comisión Técnica que reestructure el sistema judicial y el Consejo de la Judicatura, órgano encargado del control interino de este poder; y limitaciones a la diversificación del negocio para los medios de comunicación y entidades financieras del país.

El segundo propone la creación de un delito de enriquecimiento injustificado en el sector privado y otro por la no filiación de los trabajadores a la Seguridad Social; la de un órgano dedicado a controlar los contenidos divulgados por los medios de comunicación; y la prohibición de las salas de juego y los espectáculos en los que se mate a animales por diversión.