Actualizado 25/04/2007 23:18

Ecuador.- El vicepresidente dice que la suspensión de los diputados es legal porque coartaron el proceso electoral

Los inmigrantes ecuatorianos podrán participar en la Constituyente a través de los seis representantes que ellos mismos elegirán


MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ley ecuatoriana establece que si un funcionario está coartando un proceso electoral puede ser destituido de su cargo, por tanto, la suspensión de los 57 diputados del Congreso está ajustada a la norma, aclaró hoy el vicepresidente de Ecuador, Lenin Moreno, al destacar que los legisladores obstruyeron el proceso al ordenar revocar de su cargo al presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) el pasado mes de marzo.

Moreno explicó que los diputados se opusieron a un artículo de la ley electoral que establece que el presidente del país tiene la potestad para convocar a una consulta popular para "temas trascendentales" como la Constituyente, pero "esa misma ley dice claramente que si un funcionario público está coartando el proceso puede ser destituido, y eso fue lo que pasó".

Así, el vicepresidente de Ecuador aclaró que la situación que se ha presentado en los últimos días y sus consecuencias son "ahora un problema entre el TSE y los diputados", pues el Gobierno de Rafael Correa "lo único que ha hechos es cumplir lo que determina la actual Constitución".

Los 57 diputados que fueron destituidos en marzo solicitaron ante el Tribunal Constitucional la nulidad de esta resolución, el cual emitió un fallo a favor el pasado lunes siendo desconocido por Correa. Hoy 15 parlamentarios anunciaran su intención de pedir asilo político a Colombia tras conocer la orden de captura emitida en su contra por un delito de sedición.

A este respecto, Moreno dijo que "el caos" que se presentó en Ecuador es producto de una "red de hilos que se fueron armando lentamente" donde predominaba la "extorsión" al Estado. "Los diputados hicieron leyes para que ellos tuviesen el poder de nombrar a los miembros del Tribunal Supremo Electoral, los Fiscales y del Tribunal Constitucional, entonces, no sólo se tomaron para sí el Congreso, sino también a todos los poderes que siempre tomaron decisiones a su favor", acotó.

De esta manera, defendió el proyecto de la Asamblea Constituyente que promovió Correa desde su campaña como candidato a la presidencia, alegando que la actual Constitución ha promovido leyes que "solapan" actos delictivos como los cometidos por los congresistas, además de que se trata de normas que se hicieron "a espaldas del pueblo respondiendo sólo a la voluntad de una minoría".

La nueva Carta Magna será "producto de la voluntad popular" y es en este momento cuando comienza el "ejercicio mayor" por parte de la ciudadanía porque se debe informar y participar de la redacción de las nuevas leyes elevando sus propuestas a los miembros de la Constituyente.

REPRESENTACIÓN DE LA INMIGRACIÓN

Los ciudadanos ecuatorianos residentes en el extranjero tendrán un total de seis representantes en la Constituyente, los cuales se elegirán en octubre al igual que el resto de los 124 asambleístas que tendrán la responsabilidad de redactar la nueva Constitución Política de Ecuador.

Los ecuatorianos forman parte de la mayoría migratoria latinoamericana en España con más de 700.000 ciudadanos y representan más del 70 por ciento de los votantes de Ecuador en el exterior. No obstante, pese a que es una suma bastante considerable, Moreno señaló que seis representantes para todos los emigrados "es una cantidad importante", porque en relación al total de población electoral son "minoría".

Sin embargo, el vicepresidente consideró que es indispensable que las representaciones en el exterior marquen pauta en este nuevo proceso de cambios que experimenta esta nación suramericana. Así, destacó que el Gobierno quiere que estos ciudadanos "no sólo sean receptores de políticas públicas" sino también parte activa de la transformación, y anunció que próximamente abrirán en Quito del Consejo de Inmigrantes para atender a la población que reside en otros países.

La Asamblea deberá comenzar a trabajar oficialmente entre los meses de noviembre y diciembre de este año, y contará con un período de 180 días más para redactar la nueva Constitución del país, con una posible prórroga de 60 días en caso de que los legisladores lo consideren necesario.