WASHINGTON, 27 Jun. (Reuters/EP) -
La Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por diputados del Partido Republicano, votará el jueves una moción de desacato contra el fiscal general, Erick Holder, para resolver una disputa sobre una serie de documentos relacionados con una fallida investigación por el contrabando de armas a México, ha informado este miércoles el portavoz de la Cámara, John Boehner.
La Cámara tiene previsto votar si Holder cometió desacato al haberse negado a entregar al Congreso los documentos del operativo conocido como 'Rápido y Furioso', que investigaba el contrabando de armas en la frontera entre México y Estados Unidos.
La Casa Blanca ha reafirmado, sin embargo, que tiene la potestad de no entregar los documentos al Congreso amparándose en los privilegios ejecutivos.
El operativo 'Rápido y Furioso', creado por agentes de la ciudad de Arizona, fronteriza con México, y puesto en marcha entre 2009 y 2010, tenía como objetivo rastrear el tráfico ilegal de armas a lo largo de la frontera con Estados Unidos, donde se sospecha que caen en manos de los cárteles de la droga mexicanos.
"Realmente preferiría no estar allí. Nos gustaría mucho que el fiscal general y el presidente trabajaran con nosotros para llegar al fondo del este asunto tan serio", ha dicho Boenher, refiriéndose a la votación en el pleno de la Cámara.
Boehner ha asegurado que los republicanos han dado a la administración del presidente Barack Obama una "amplia oportunidad" para cumplir con las peticiones de la Comisión de Supervisión que investiga el caso. "Desafortunadamente, ellos no están dispuestos a mostrarle al pueblo estadounidense la verdad de lo sucedido. Es desafortunada la situación en la que estamos", ha agregado.
Además de votar por las acusaciones de desacato contra el fiscal, la Cámara también tiene la intención de considerar una segunda resolución para solicitar a los tribunales estadounidenses que se obligue a Holder a entregar los documentos.
La operación 'Rápido y Furioso' fracasó cuando los policías que participaron en la investigación perdieron la pista de muchas de las armas y al menos una de ellas fue encontrada en el lugar del asesinato de un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. Inicialmente, el Departamento de Justicia aseguró que no habían desarrollado ninguna operación de ese tipo entre 2009 y 2010.
Los republicanos han tratando de determinar si altos cargos dentro de la Administración Obama sabían de la verdadera naturaleza del operativo.